Fallo frena la contratación en la Alcaldía de Manizales

TATIANA GUERRERO y MIGUEL ALGUERO

LA PATRIA | MANIZALES

Un fallo del Tribunal Administrativo de Caldas tiene en vilo a la Administración Municipal. Declaró inválidos los acuerdos 1017 y 1018 que aprobó el Concejo en la sesión extraordinaria del 28 de febrero.

Los proyectos anulados corresponden a la ampliación del plazo para el pago oportuno del impuesto predial e industria y comercio, que finalizó el 18 de marzo, y la adición de $49 mil 650 millones 669 mil al presupuesto de Manizales.

La demanda la presentó la Gobernación con el argumento de que no se respetaron los términos que estipula el artículo 73 de la Ley 136 de 1994.

Este indica que una vez los proyectos de acuerdo se sometan al primer debate deben cumplirse tres días para el segundo.

Se precipitaron

El fallo indica que el 25 de febrero se dio el primer debate, es decir, los tres días se contaron a partir del 26 y el último correspondió al 28. Conforme a la norma, el primero de marzo era la fecha correspondiente para el segundo debate.

De acuerdo con el concejal del Partido Liberal, Víctor Hugo Cortés, la orden del Tribunal no afectaría el pago oportuno del tributo, porque su vigencia terminó hace dos meses. Sin embargo, se debe congelar la modificación del presupuesto. Se trata de recursos del balance y del Sistema General de Participaciones o dinero que no se gastó en el 2018.

Alejandro Franco, especialista en Derecho Público, Administrativo y Constitucional, explicó que la invalidez no tiene efectos retroactivos, es decir, solo opera hacia el futuro desde el momento en que queda ejecutoriado. “Los actos que se ejecutaron antes del fallo se entenderán válidos. Esos recursos que ya se gastaron tienen presunción de legalidad y los que no se invirtieron deben tenerse en cuenta en nuevo acuerdo municipal”.

Después de conocer la orden, la Administración debió suspender todas las contrataciones de los proyectos que dependen de las partidas aprobadas.

¿Cuál es la salida?

Paula Andrea López, secretaria Jurídica de Manizales, sostuvo a LA PATRIA, que la Alcaldía les consciente de que las decisiones judiciales deben cumplirse en su integridad y que la única salida es acatar el fallo.

Según Luz Marina Torres, secretaria Jurídica de Caldas, es una atribución del gobernador revisar los actos administrativos de los concejos y de los alcaldes por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad. Si se haya algún vicio se remite al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que decida sobre la validez.

La Administración debe presentar un nuevo un proyecto de acuerdo ante el Concejo de Manizales para subsanar el vicio de trámite. Anunció que esto lo hará el próximo lunes.

* César Díaz, concejal del Partido Liberal

Se debe acatar del fallo del Tribunal Administrativo de Caldas. Creo que el Concejo actuó conforme a su reglamento. La Administración tomó la decisión de presentarlo de nuevo y blindar jurídicamente esos recursos. Lamentamos que no ayuda interinstitucional entre Gobernación y Alcaldía. La Gobernación debió pensar primero en que hay proyectos de impacto social y que esto retrasa el Plan de Desarrollo. Era solamente un tema de forma o de trámite. Esperamos solucionar el caso con la nueva aprobación. La Alcaldía lo presentará el lunes.

Proyectos varados

Los recursos se distribuyeron en 14 secretarías. Las más beneficiadas fueron Educación (17,5%), Obras Públicas (49,6%) y Deportes y Recreación (5,2%).

El secretario de Educación, Juan Carlos Gómez, señaló que la decisión retrasa la adjudicación del contrato para la construcción de un colegio en la vereda La Linda, en Manizales. $1.200 millones de los recursos adicionados se iban a destinar para la obra que tiene un costo de $4 mil millones. El secretario de Medioambiente,

Ricardo Germán Gallo, dijo que está a la espera de que se logre solucionar el problema y que la Secretaría Jurídica es la encargada de dar a conocer los proyectos
que se frenarán. Este medio quiso confirmar con la Secretaría de Hacienda el impacto del fallo, pero al cierre de esta edición no se pudo contactar.

* Manuel Orlando Correa, concejal del Partido de la U

El acuerdo no se cae por temas de fondo o actos de corrupción, sino por un vicio de trámite. La interpretación del presidente de la Mesa Directiva y la del Tribunal no son iguales, el juez insiste en que debió ser después del tercer día. Esto acarrea dificultades para la Administración porque estaban actuando con esos recursos y emitieron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP). Al declararse la invalidez hay un vacío jurídico. La opción más rápida es que la Alcaldía lo presente lo más pronto posible.

* César Díaz, concejal del Partido Liberal

Se debe acatar del fallo del Tribunal Administrativo. El Concejo actuó conforme a su reglamento. La Administración tomó la decisión de presentarlo de nuevo y blindar jurídicamente esos recursos. Lamentamos que no hay ayuda interinstitucional entre Gobernación y Alcaldía. La Gobernación debió pensar primero en que hay proyectos de impacto social y que esto retrasa el Plan de Desarrollo. Era solamente un tema de forma o de trámite. Esperamos solucionar el caso con la nueva aprobación. La Alcaldía lo presentará el lunes.