Formalizar el trabajo en el campo, otro reto nacional

NEGOCIOS | LA PATRIA

José de Jesús Ríos Pineda es un recolector de café oriundo de Pueblo Rico (Risaralda). Aunque asegura que es nómada y que el rumbo se lo definen las regiones donde hay mayor cosecha, generalmente su recorrido incluye Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío.

Sin embargo, a sus 45 años asegura que ya se siente preocupado por su futuro, pues no tiene acceso a vivienda, salud o pensión. Un concepto similar tiene Rodrigo Marín Giraldo, recolector oriundo de Manizales, quien dice que es necesario que el Gobierno piense en la vejez de quienes trabajan en el sector.

El reciente estudio realizado por el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE), denominado "Demanda y oferta de mano de obra en la caficultura colombiana", confirmó que aunque las regiones terminan cada año resolviendo su problema de escasez de mano de obra, existen índices de escasez de recolectores entre severa y muy severa, con tendencia a agravarse si la producción sigue creciendo por encima de 12 millones de sacos, ante la falta de mano de obra.

A esto se suma el informe del Departamento Nacional de Estadística (DANE) que demostró que en Colombia la mayoría de los agricultores tiene una edad entre 40 y 54 años, y que los jóvenes están proyectando su vida fuera del campo, ya que no ven en la agricultura una opción atractiva.

En parte porque el uso del suelo cambió y las actividades productivas son diferentes, y además hay menos personas por hogar en el campo, debido a las migraciones hacia las cabeceras municipales.

Todos estos factores aumentaron la preocupación de varias asociaciones agropecuarias y productores que hoy mantienen sus dudas sobre qué tan factible es formalizar la mano de obra en el campo, como una forma de que no se vayan hacia la ciudad, y vean en el agro una buena opción de vida.

Combos de protección

Aunque los propietarios de fincas consideran que es difícil garantizar todas las condiciones laborales que exige la legislación actual para los trabajadores del campo, según la Federación Nacional de Cafeteros y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) hay opciones que se vienen estudiando, con la esperanza de que se conviertan pronto en leyes que les mejoren las perspectivas tanto a patronos como empleados.

De acuerdo con Ligia Elena Borrero Restrepo, directora jurídica del gremio, la gran ventaja es que por primera vez están alineados los astros, debido a que tanto el sector público como el privado están enfocados en crear beneficios para el campo, con lo que califican como pisos mínimos de protección social para el campo.

Sin embargo, considera que el primer paso es desmitificar el concepto de lo que es seguridad social y qué significa ser formal, teniendo en cuenta que los beneficios en pensión o protección a la vejez, salud y riesgos laborales no hacen parte únicamente del sistema contributivo.

También advierte que no todas las labores se pueden ver bajo la óptica del contrato de trabajo. "La relación que usted tiene con su jardinero, su carpintero o quien le pinta la casa no lo hace un trabajador. Hay una relación jurídica, por supuesto, pero no necesariamente es de contrato de trabajo".

Esto no significa, según la directiva, que se quiera precarizar el trabajo y evitar su formalización. "Lo importante es entender que hay muchos agricultores que están por fuera del sistema de protección social y que hay que incluirlos con esquemas contributivos, pero diferenciales".

La propuesta

La propuesta que se ha estudiado junto con la SAC y el Gobierno incluye los llamados "combos mínimos", en los que se podrían tener mecanismos de protección para la vejez, salud y riesgos laborales para aquellos que tienen un ingreso estacional, derivados del contrato de trabajo u otras relaciones jurídicas.

Esta incluiría los llamados Beneficios Económicos Periódicos o renta periódica para la vejez (BEP), que ya comenzaron a beneficiar a quienes les llegó la edad de jubilación y no se pudieron pensionar. Adicionalmente se incluiría un acceso a la salud a través del Sisbén, y microseguros o seguros inclusivos, como los ha denominado la ministra de Trabajo, Clara López.

"Esto incluiría un sistema mayor de protección social, permitiéndoles a quienes los contratan que están protegidos, sin ser los responsables de todos los riesgos, como si fuera el empleador. Esto con el incentivo de que el empleador o contratante pueda declarar todos los pagos que haga, información que será beneficiosa para el país", destacó.

Que todos pongan

El llamado de dirigentes como Óscar Perea, presidente de la Federación Nacional de Cítricos, es que sea un proyecto en el que todos pongan, incluyendo el trabajador, el Gobierno y el empleador, con el fin de reducir las altas cargas laborales y parafiscales, que hoy representan cerca del 60% de los costos de producción.

A eso se suma la imposibilidad de cargar con un trabajador, que es nómada y que no tiene una garantía continua de trabajo.

Felipe Rivas, caficultor de Chinchiná, destaca que la propuesta les llama la atención, pues su interés no es desproteger al trabajador ni evadir sus derechos, pero hay que entender que son empleados atípicos, con unas condiciones especiales que se tienen que contemplar.

"Eso implica todo un sistema de protección completo, en el que no solo se incluyan a los cafeteros, sino a todos los agricultores, con unos esquemas que entiendan la realidad del campo colombiano".

Según la directora jurídica de la Federacafé, esto es lo que se busca. Una regulación completa, en la que se tenga una especie de pacto social donde se reconozca toda esta realidad del agro.

"Tenemos las cosas sueltas, ahora de lo que se trata es de integrarlas, reconociendo una realidad en el campo, como son los ingresos por temporada, por hora, por labor o por día”.

La SAC ya tiene el proyecto listo, por lo que la meta es presentarlo ante el Congreso este año. De acuerdo con algunos agricultores podría incluso complementar el acuerdo de paz, de tal forma que se plantee una aprobación a través del mecanismo del fast track o vía rápida, y haya más interés de trabajar en el campo, con mayor formalidad. "Cada vez hay más gente fuera del sistema, y eso significa que no podemos seguir haciendo lo mismo a ver si tenemos resultados distintos. Hay que ensayar algo diferente", aseguró Rivas.

Los BEP

El objetivo de de los BEP es que las personas hagan un ahorro de manera individual y voluntaria.

Quienes se vinculan pueden ahorrar desde $5 mil en el año hasta $885 mil. La oferta del Gobierno es que por cada $100 ahorrados el Gobierno entrega un subsidio de $20, como recompensa por la constancia en el ahorro. El subsidio es entregado cuando el vinculado cumple la edad de retiro, es decir 57 años las mujeres y 62 años los hombres.

Condiciones y propuestas

De acuerdo con la Federacafé, la inclusión laboral debe tener unas condiciones mínimas, que permitan que las personas ahorren para su vejez, junto con estímulos como los que se han creado en Colpensiones como los sorteos. "A la gente le gusta apostar. Saca para el Baloto, pero no para la cotización, y por eso hay que pensar en ese tipo de incentivos que los lleven a ahorrar", resaltó Ligia Elena Borrero Restrepo, directora jurídica de la Federacafé.

Óscar Perea, presidente de Fedecítricos, planteó que en vez de tantas viviendas, como las que hoy se regalan, el Gobierno adopte un programa de viviendas con un bajo valor en las cabeceras veredales, con el fin de que el trabajador deje de pagar una pieza y de vivir en condiciones infrahumanas, y se le estimule para tener su propia casa y además generar arraigo.