Inteligencia no puede violar derechos humanos

FENANDO-ALONSO RAMÍREZ

LA PATRIA| BOGOTÁ

"La información es la materia prima para pasar de la transición de la guerra a la paz". Así la entiende la subdirectora de Dejusticia, Vivian Newman Pont, que participó en la investigación 'Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo'.

Les preocupa a los juristas encargados de esta investigación que nunca se puedan conocer verdades de la historia de Colombia, porque no se tenga claridad sobre cómo acceder a información relevante que se mantenga oculta por la excusa de que está archivada y protegida por tratarse de un asunto de inteligencia.

Empezaron por analizar dos tipos de informes: el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que por años estaban pidiéndole a la inteligencia colombiana que abriera y depurara sus archivos.

Ejemplos como las chuzadas del DAS y la persecución y asedio a periodistas como Claudia Julieta Duque demuestran que bajo el manto de la palabra inteligencia se ocultan en ocasiones delitos cometidos por agentes del Estado.

En los documentos de la oficina del Alto Comisionado reposaba un oficio del año 93, recibido del DAS, en el que decían que en ese organismo los detectives sólo hacían operaciones de rutina, tales como secuestro, extorsión o tortura psicológica. "Tenemos que saber qué es lo que llaman operaciones de rutina en los archivos de inteligencia", manifiesta. Anotó que otros documentos eran unas órdenes para desaparecer o quemar archivos sobre falsos positivos.

La exposición la hizo la abogada en el X Encuentro de Periodismo de Investigación que organiza la ONG Consejo de Redacción. Se cumplió desde el viernes hasta ayer en la Universidad Javeriana en Bogotá.

Verdad y memoria

Para Newman, acceder a esta información sirve para tener incluso verdad extrajudicial. Los centros de memoria, los grupos de memoria histórica nos pueden entregar información y sirve para soportar las garantías de no repetición.

Si, por ejemplo, sabemos que la tortura psicológica le sirve a un organismo para obtener información de inteligencia podemos evitar que siga sucediendo, pero si no sabemos, no.

La investigación concluyó que durante todo el proceso de conversaciones para llegar a los acuerdos de paz, la guerrilla no hizo sino pedir información y realmente el Gobierno no cedió en nada. Siempre respondió que colaborará de acuerdo con las normas vigentes, y que se hará todo lo posible por cumplir.

Llama la atención sobre las contradicciones que ofrecen las normas que tienen que ver con estos tema. "La Fuerza Pública trabaja sobre el principio de que la información de inteligencia es reservada, mientras que la Ley de Acceso a la Información Pública, trabaja el principio contrario, de máxima divulgación: toda información que está bajo la custodia de servidor público es pública.

Que no se repita

"Que no pase lo que pasó con el DAS", advirtió. La Comisión de Archivos del DAS entregó su resultado en julio del año pasado y la sociedad no conoce sus resultados, no sabe si siguen destruyendo archivos que están relacionados con violaciones de derechos humanos y con otros casos que debe la sociedad conocer.

Explicó, y lo anota la investigación, que en el acuerdo con las Farc sí quedó claro que el secretario de la Justicia Especial para La Paz (JEP) tiene un poder para recoger los archivos que hay sobre estos temas y entregárselos a los organismos que corresponda. Que se desclasifique información desueta. Por ejemplo, la de los teléfonos análogos interceptados en su momento. ¿Por qué no se desclasifican?

También sugirió que se acuda a países extranjeros. En la inteligencia de esos países tienen información que nos ayudan a encontrar documentos de inteligencia nuestros. Eso ha pasado en los procesos de Centroamérica, precisó.

"No estamos pretendiendo que toda la información sea pública, tenemos que reconocer que hay una información realmente reservada. Si la Operación. Jaque hubiera sido pública nos habríamos tirado esa operación, pero que la que no lo es no se ampare en ese derecho", concluyó.

Leyes clave

Las normas existentes para tener en cuenta a la hora de acceder a los archivos:

1. Ley de Habeas Data (1581 del 2012)

2. Ley de Inteligencia (1621 del 2013)

3. Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 del 2014)

4. Ley de Derecho de Petición (1755 del 2015)

Las cuatro son leyes estatutarias, de superior jerarquía que las ordinarias, pero iguales entre ellas.

Preguntas desclasificadas

- ¿Al fin cuál es el plazo máximo para levantar la reserva a documentos de inteligencia: 15 o 30 años?

La ley de Inteligencia dice que se pueden guardar los documentos hasta por 30 años y la Ley de Acceso habla de hasta por 15 años. ¿Cómo resolverlo? Creo que como tenemos 15 años de diferencia, yo creo que es que el test de proporcionalidad que debe hacer el funcionario para no entregar la información debe ser mucho más estricto si quieren proteger la información 15 años más.

- ¿Cuál es la recomendación a los periodistas para perderle el miedo al derecho de petición?

Aprender las tres normas que hay que citar y ese párrafo adicional que le advierta al funcionario que para negar la información debe hacer un test de proporcionalidad y razonabilidad y citar con base en qué ley y dónde está esa ley. Y llevar un modelito de recurso de insistencia para cuando la niegan. Esto es para el periodismo investigativo para que con un derecho de petición arranque su investigación.

- ¿Cómo se podría acceder a la información y los archivos que tienen las Las Farc?

Ellos todavía no son una persona jurídica para dirigirles ninguna petición. En el momento en que se constituya el partido político de las Farc uno podría intentar elevar derecho de petición, empezar por ahí para acceder a esa información, pues los partidos políticos están obligados a entregar la información.

- ¿Está obligada la ONU a entregar información sobre el entrega de las armas de las Farc?

Si se aplica la Ley de Acceso a la Información que obliga a las tres ramas del poder público, o a quienes cumplan función pública o manejen recursos públicos, la ONU estaría obligada porque está cumpliendo una función pública.

El libro se puede descargar de manera gratuita en formato PDF de la página WWW.dejusticia.org.

Otros investigadores

Además de Vivian Newman participaron en esta investigación Ana María Ramírez Morraille, María Paula Ángel Arango, Mauricio Albarracín Caballero y Rodrigo Uprimny Yepes.