Los frentes judiciales de Bolsonaro: vacunas, injerencia policial y bulos

CARLOS MENESES

EFE | LA PATRIA | SAO PAULO

En apenas dos años y medio de mandato, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha visto multiplicar sus problemas con la Justicia al pasar a ser investigado por las más diversas sospechas, desde diseminar noticias falsas o bulos hasta prevaricar en un caso de corrupción o interferir ilegalmente en la Policía.

La última piedra en el camino del líder ultraderechista la colocó ayer el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, que le incluyó como investigado en una pieza sobre la difusión de noticias falsas contra las instituciones democráticas del país.

El Tribunal Superior Electoral (TSE), entidad responsable por los comicios en Brasil, también ha puesto en su mira al gobernante por el mismo asunto, en concreto por su agresiva campaña de difamación contra el actual sistema electrónico de votación, del que Bolsonaro afirma, sin pruebas, que fomenta "fraudes".

A continuación los frentes que afronta Bolsonaro en la Justicia brasileña:

Injerencia en la policía federal

Esta investigación comenzó en abril del 2020 a partir de las graves denuncias del exjuez Sergio Moro, quien renunció ese mes como ministro de Justicia del Gobierno de Bolsonaro.

Moro dimitió al no aceptar una serie de cambios en la cúpula de la Policía Federal decretados por el mandatario, a quien acusó de intentar presionar a esa institución autónoma, aunque dependiente del Ministerio de Justicia.

El hoy exministro sugirió entonces que el jefe de Estado intentó interferir política e ilegalmente en la Policía Federal, que a su vez investiga a algunos de los hijos del mandatario.

El senador Flavio Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro son investigados en Río de Janeiro por desvío de recursos públicos, mientras que el diputado federal Eduardo Bolsonaro, figura como sospechoso en el mismo proceso en el que fue incluido su padre ayer.

El caso, sin embargo, se estancó ante la falta de consenso sobre cómo debe prestar declaración Bolsonaro, si por escrito o de forma oral.

"Caso covaxin"

Este caso se conoció en junio de este año a raíz de los testimonios de un parlamentario de la base oficialista, Luis Miranda, y de su hermano, Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones del Ministerio de Salud.

El escándalo se centra en el proceso de negociación para comprar un cargamento de 20 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 Covaxin, de producción india.

Según los hermanos Miranda, hubo "presiones atípicas" para llevar a buen puerto la operación, además de "inconsistencias" en los documentos de compra. Ambos presentaron esos indicios de corrupción a Bolsonaro en el Palacio de la Alvorada de Brasilia, residencia oficial del presidente.

Según el legislador, el mandatario parecía ser consciente de la trama y les prometió poner el caso en manos de la Policía Federal, lo que al parecer no ocurrió.

Por ese motivo, el Supremo autorizó en julio pasado a la Fiscalía iniciar una investigación contra Bolsonaro por un presunto delito de prevaricación.

Noticias falsas

A pedido del Tribunal Superior Electoral (TSE), el Supremo incluyó a Bolsonaro en un proceso en curso desde 2019 y que investiga la diseminación por Internet de noticias falsas que atacan directamente a los poderes democráticos del Estado brasileño y tendrían su origen en grupos de ultraderecha.

En el caso de Bolsonaro se debe a su discurso antisistema en relación al escrutinio electrónico de votos que funciona en Brasil desde 1996. El mandatario ha emprendido una feroz campaña contra las urnas electrónicas y en defensa de un sistema mixto que combine el voto electrónico y el papel, cuya aprobación depende del Congreso.

Para ello, ha multiplicado sus ataques contra el presidente del TSE, el juez del Supremo Luis Roberto Barroso, al que ha llegado a acusar de favorecer a su mayor adversario político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, de cara a los comicios del 2022.

Según De Moraes, las conductas del capitán retirado del Ejército descritas por el TSE pueden configurar delitos de "calumnia", "difamación", "injuria", "incitación al crimen", "apología al crimen" y "asociación ilícita".

Asimismo, el TSE también ha abierto una investigación administrativa por esos ataques infundados de Bolsonaro al sistema electoral, que en última instancia podría servir de base para la impugnación de una eventual candidatura del mandatario en 2022.