Violaciones a DD.HH. ponen en jaque a los policías en Chile

ALBERTO PEÑA

EFE | LA PATRIA | SANTIAGO

Informes como el presentado ayer por la organización Human Rights Watch (HRW) o el publicado la semana pasada por Amnistía Internacional (AI) que señalaron "graves violaciones a los derechos humanos" ponen en jaque la actuación de la policía en las protestas en Chile.

Las misiones de observación de organismos y organizaciones internacionales han puesto de manifiesto abusos y excesos de las fuerzas del Estado durante los 40 días desde el inicio del estallido social en el país, que deja ya 23 fallecidos -cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del orden-.

El "uso indiscriminado" de armas y escopetas antidisturbios, torturas, maltratos y abusos sexuales a detenidos son los hechos constatados por HRW y que fueron ayer puestos de manifiesto por su director para las Américas, José Miguel Vivanco.

"Los abusos cometidos por los carabineros no son casos aislados, no son coincidencias, no son accidentes. Estos casos obedecen a unas conductas que se han ido reiterando", indicó Vivanco en una rueda de prensa en Santiago de Chile tras presentar ante la prensa el informe tras dos semanas de observación.

"Los problemas de orden público son "resueltos" con una fuerza policial que se excede, que comete regularmente y ordinariamente abusos, y los comete en las calles y también en los sitios de detención", afirmó Vivanco.

Según HRW, los abusos ocurrieron en gran medida "debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros", por lo que se llamó al Gobierno a acometer una "urgente reforma policial".

Represión

El representante de HRW se refirió concretamente al actuar del cuerpo policial de Carabineros durante la contención de las manifestaciones, a los que acusó de cometer "graves violaciones a los derechos humanos" y advirtió, que, de no producirse reformas urgentes, estas prácticas continuarán.

El organismo dice haber recabado en 70 entrevistas durante dos semanas "pruebas consistentes" de que el cuerpo policial "utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no", según el informe.

Tanto HRW como AI denunciaron el uso de las escopetas antidisturbios y los perdigones de forma "indiscriminada" contra manifestantes.

Asimismo, ahondaron en el hecho de la formación insuficiente de los agentes en su manejo y los criterios de Carabineros para su utilización, que según indicaron los propios uniformados, se realiza a no menos de 30 metros del objetivo.

"Les preguntamos a todas las autoridades policiales del país cómo calculan los 30 metros. Si menos de 30 metros podría llegar a generar un daño gravísimo que podría llegar a ser letal, ¿cómo hacen los carabineros para calcular el mínimo de los 30 metros? La respuesta es "a ojo de buen cubero". Es un grado de irresponsabilidad enorme", señaló Vivanco.

Otro punto importante que se destacó en los informes fueron los 15 mil detenidos durante las protestas en Chile y los casos de abusos contra algunos de ellos.

Abusos que en muchos casos, indicó Vivanco, se produjeron en comisarías, que solamente en un 50% disponen de cámaras de seguridad, y las que las tienen, no cubren todos los lugares, principalmente no en los calabozos, y cuyas imágenes se pierden cada tres días debido a que se sobrescriben las grabaciones.

"En los sitios donde no hay cámaras es donde justamente nos han denunciando golpizas y malos tratos de toda naturaleza", afirmó.

La Fiscalía informó de que ha iniciado 2 mil 670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran muchos casos como los mencionados por los informes de organizaciones internacionales y las denuncias del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Ultimátum del gobierno

El Gobierno chileno reaccionó tras conocerse los resultados de estas observaciones internacionales y dio una semana de plazo a la Policía para que aclare las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, indicó que se encargó a la dirección de Carabineros "revisar profundamente aquellas actuaciones que se alejen de lo establecido en los protocolos y que han significado cuestionamientos y denuncias" y elaborar un informe en los próximos siete días.