Vizcarra vence a Congreso opositor

ÁLVARO MELLIZO

EFE | LA PATRIA | LIMA

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, venció con autoridad su pulso con el Congreso, que muy a su pesar apoyó sus proyectos de reforma política y de la Judicatura, situación que sin embargo dejó el escenario abierto para algún tipo de retribución de la oposición fujimorista.

Apoyado en una ola de apoyo popular, unida al descrédito cada vez mayor del Parlamento, en donde el partido fujimorista Fuerza Popular (FP) es el poder dominante, Vizcarra fortaleció su posición y su dominio de la iniciativa política en el país.

Además, se acercó mucho al objetivo de someter a referéndum antes de fin de año sus proyectos de reforma política y judicial, eje de la tensión política que vive el país.

La maniobra de Vizcarra, que emplazó a un Congreso reacio a tramitar las reformas a tomar una decisión efectiva sobre el tema bajo la velada amenaza de una disolución constitucional de la Cámara y el llamado a nuevas elecciones, dejó a los fujimoristas y sus aliados en una complicada situación.

Así, o bien apoyaban a Vizcarra y sus reformas orientadas a combatir de raíz la corrupción y que ellos que habían calificado de "mamarracho", o bien se verían obligados a enfrentar una posible elección con la popularidad por los suelos y enfangados por la vinculación de sus líderes en el escándalo de corrupción del Poder Judicial que tiene a la población peruana hastiada y enfadada.

Vizcarra saludó la votación del Congreso, donde su propuesta obtuvo 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones, como un triunfo de Perú y una situación sin "vencedores ni vencidos", algo que sin embargo no se percibió como tal durante el debate parlamentario.

De hecho, la lideresa de FP, Keiko Fujimori, que no forma parte del Congreso, acusó el martes a Vizcarra de promover un "golpe de Estado" con su exigencia al Parlamento, una línea que fue seguida por sus diputados.

El FP y sus socios parlamentarios también tildaron la propuesta de "una cortina de humo" para ocultar la "incapacidad" del Gobierno e incluso desviar la atención de casos de corrupción como los que parecen apuntar a Pedro Pablo Kuczynski, predecesor de Vizcarra en el cargo.

Más allá del triunfo político, el paisaje después de la batalla deja una situación no tan halagüeña para el presidente.

De hecho, la resolución aprobada en el Parlamento no recoge fechas concretas para la aprobación de las medidas solicitadas por el Ejecutivo, algo que el primer ministro César Villanueva había exigido durante su presentación, sino tan solo la promesa de que el trámite se hará "de manera urgente".

Así, es posible que las dilaciones parlamentarias se extiendan más allá del plazo del 4 de octubre que el Gobierno parece haber dado como bueno para tener todo listo y poder convocar a un referéndum para este año.

La resolución tampoco recoge la exigencia de un referéndum para aprobar sus proyectos -que requieren una reforma de la Constitución- tal y como desea el Gobierno.

En ese caso, el Congreso podría aprobar la reforma pero, al tratarse de una norma constitucional, esta tendría que ser confirmada en la próxima legislatura, lo que retrasaría su puesta en marcha al menos hasta bien entrado 2019.

Modificaciones radicales de las propuestas presidenciales durante el trámite parlamentario, que pueden llegar a desvirtuarlas, es otra amenaza que pesa ahora sobre la iniciativa gubernamental.

En todos estos casos, Vizcarra se verá obligado nuevamente a presentar un categórico ultimátum al Congreso, esta vez sí planteando seriamente la disolución de la Cámara y desatando definitivamente una crisis institucional.

El Congreso se comprometió a que las propuestas del Ejecutivo estén aprobadas como máximo el 4 de octubre para que el 9 de diciembre sean sometidas a referéndum.