Caldense pondrá punto final a la verdad judicial del conflicto

COLPRENSA | EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Gobierno Nacional dio el primer paso para la puesta en marcha de la Justicia Especial de Paz (JEP) con la elección de los 51 miembros de los tribunales que juzgarán los crímenes cometidos en el conflicto armado.

La lista de los elegidos fue presentada ayer en la Casa de Nariño, al cumplirse un año de la firma del primer acuerdo de paz del Gobierno y las Farc, ahora convertida en partido político, que aprovechó la fecha para pedir al presidente Juan Manuel Santos que se cumpla lo acordado.

Los 51 magistrados tendrán la responsabilidad de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.

Un Comité de Selección, conformado por tres extranjeros, entre ellos los juristas Diego García-Sayán, de Perú, y Álvaro Gil Robles, de España, así como por dos colombianos, fue el encargado de elegirlos entre 2 mil 300 aspirantes, de los cuales 2 mil 135 cumplieron los requisitos.

El grupo de seleccionados se dividen en 20 miembros del Tribunal para la Paz, 18 titulares de las Salas de Justicia, siete suplentes del Tribunal para la Paz y seis suplentes de las Salas de Justicia.

También se anunció la designación de la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, y de Mirtha Patricia Linares Prieto como primera presidenta de los magistrados de la JEP.

Entre los seleccionados figura la pensilvanense Gloria Amparo Rodríguez quien integrará el Tribunal de Paz.

La caldense, de 55 años, es profesora titular y directora del Grupo de Investigación en Derecho Público, de la Especialización y de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Es abogada y Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado y Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional. Cuenta con especializaciones en Derecho Ambiental, Derecho Médico y Sanitario y Negociación, Conciliación y Arbitraje, del Rosario.

"Significa un gran reto que me compromete a trabajar por la justicia y el logro de la paz en Colombia. Además, es la posibilidad de contribuir a la reparación de las víctimas y a conseguir una vida en armonía para esta y las generaciones futuras", expresó Rodríguez.

Reto histórico

Ella junto a los otros 50 seleccionados tienen el objetivo de poner punto final a la verdad judicial de 52 años de conflicto, con la revisión de miles de expedientes penales, administrativos y disciplinarios cometidos en ocasión y en relación directa con el conflicto.

Para esta trascendental tarea se pactó un plazo de 10 años, con un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad, que podrá ser prorrogado a solicitud de los magistrados de la JEP.

Expertos señalan que los nuevos magistrados de esta jurisdicción tienen el deber de dar legitimidad al proceso de paz ante la ciudadanía, con retos específicos de técnica jurídica ante la cantidad de casos.

El director de Dejusticia, César Rodríguez, señaló que hay retos jurídicos enormes dada la magnitud de procesos que conocerá el Tribunal, “en una guerra que se está acabando a través de un acuerdo de paz y no en una victoria militar de una parte sobre la otra”, dijo.

“Ellos tienen una misión sin precedentes, no hay un Tribunal de transición con tantos casos y actores potencialmente cubiertos por este”, agregó.

Los retos jurídicos pasan entonces, según Rodríguez, por interpretar qué significa la cadena de mando “para responsabilizar a los comandantes; interpretar qué significa complicidad de terceros, etc. Son asuntos jurídicos complicados”.

Pero además, los nuevos magistrados del Tribunal tienen un reto administrativo. De acuerdo con Rodríguez para determinar “cómo se priorizarán casos, cómo se encuentran patrones de investigaciones para que no se vean desbordados por el número de miles de situaciones jurídicas que tendrán que conocer”.

Para el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra el reto fundamental que tendrán estos juristas será “hacer viable, creíble y confiable esa Justicia Especial de Paz”.

“Se debe generar confianza y ser sumamente eficiente, rápida, pero al mismo tiempo juiciosa, cuidadosa, pausada, objetiva, sobria y alejada de la política”, agregó.

¿Cómo funcionará?

La JEP se fundamentó en el acto legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

Tiene tres salas, compuestas por 18 magistrados colombianos y 7 suplentes: la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas; y la Sala de Amnistía o Indulto.

Igualmente, contempla el Tribunal para la Paz como órgano de cierre y la máxima instancia de la JEP, con 20 magistrados colombianos y 6 suplentes, dos secciones de primera instancia, una sección de revisión de sentencias, una sección de apelación y una Sala de Estabilidad y Eficacia.

El Tribunal se encargará de revisar los casos, someter a juicio a quienes no reconozcan responsabilidad, emitir sentencias, imponer las sanciones correspondientes y fijar las condiciones para su ejecución; así como la de supervisar el cumplimiento de las sanciones. Igualmente, revisará condenas emitidas por la justicia ordinaria, siempre que se trate de delitos cometidos en el conflicto.

Aunque todavía el proyecto de ley estatutaria que reglamenta la JEP está en curso en el Congreso, el Tribunal impondrá sanciones con restricción efectiva de libertad a personas que hayan cumplido con todos los requisitos del sistema como contar la verdad y reparar a las víctimas, que no es cárcel. También habrá sanciones alternativas, que van dirigidas para las personas que se acojan de manera tardía a la JEP o que no cuenten toda la verdad, y que incluyen prisión de 5 a 8 años.

Y habrá sanciones ordinarias a quienes comparezcan ante la JEP y no reconozcan verdad y responsabilidad. No serán inferiores a 15 años, ni superiores a 20 en el caso de conductas muy graves.

La JEP también tiene la Unidad de Investigación y Acusación, cuyo director será elegido próximamente, y quien realizará las investigaciones correspondientes y adelantará el ejercicio de la acción penal ante el Tribunal para la Paz, para lo cual podrá solicitar la colaboración de la Fiscalía General de la Nación y establecer acuerdos de cooperación con esta y tendrá un mínimo 16 fiscales colombianos.

Cuenta con una Secretaría Ejecutiva, que es la única que está en marcha, y se encarga de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la JEP; así como un presidente, cargo en el que quedó Mirtha Patricia Linares, y 6 juristas extranjeros quienes podrán intervenir excepcionalmente.

Las salas

La Sala de Verdad recibirá toda la información sobre el conflicto que tengan entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Justicia Penal Militar, entre muchas otras instancias, para su análisis y que allí se quedará la información de lo más grave y representativo del conflicto.

Lo que tenga que ver con amnistías pasará a la Sala de Amnistía en donde se definirá si es posible otorgar amnistías o no; y el resto pasa a la Sala de Definiciones Jurídicas.

Será en la Sala de Verdad en donde los magistrados estudiarán los casos más importantes y en donde la persona involucrada dirá si acepta o no la responsabilidad de los hechos que se señalen en una resolución. Si la acepta, el expediente pasa al Tribunal para que le fijen una sanción, si no lo hace, irá a juicio ante el Tribunal.