Efe | LA PATRIA | Bogotá
El alto consejero para los Derechos Humanos de Colombia, Francisco Barbosa, aseguró que el país espera una "respuesta rápida" sobre los responsables del crimen de María del Pilar Hurtado, la joven madre que fue tiroteada el viernes pasado delante de su hijo de nueve años.
"Debe haber una respuesta rápida porque el país la está esperando. No puede ser tolerable que un colombiano, independientemente de si es líder social o no, sufra una circunstancia como esta que llenó de dolor al pueblo", dijo Barbosa a W Radio.
Hurtado fue asesinada el 21 de junio en el municipio de Tierralta (Córdoba), delante de su hijo.
Ese día, la imagen del niño llorando desesperado frente al cadáver de su madre incendió las redes sociales y desató la indignación general.
Por el momento, las autoridades han descartado que el crimen haya sido obra de la guerrilla del Eln, como se especuló inicialmente.
El mismo grupo insurgente envió un comunicado el domingo en la noche en el que aseguró que en Tierralta "el Eln no hace presencia desde hace 30 años".
Barbosa explicó a periodistas que, en cambio, en esa parte del país sí delinquen las estructuras criminales conocidas como el Clan del Golfo y Los Caparros, que se dedican principalmente al tráfico de drogas.
Vulnerables
Según una alerta temprana de noviembre pasado de la Defensoría del Pueblo, al menos 22 mil 132 campesinos e indígenas que habitan en las zonas rurales de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, tres municipios del departamento de Córdoba, están a merced de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) herederas de los grupos paramilitares y que se enfrentan actualmente a las disidentes de la antigua guerrilla de las Farc.
Como parte de la investigación también se trata de esclarecer si Hurtado era una líder social, ya que el esposo de la mujer y otros familiares indicaron a los medios que Hurtado no estaba amenazada ni hacía parte de ninguna asociación comunitaria.
Al respecto, el director de la Fundación Social Cordoberxia, Andrés Chica, dijo a Efe que Hurtado "no pertenecía a una organización social campesina, pero sí tenía un liderazgo dentro de su comunidad frente a la invasión de un predio de propiedad del padre del alcalde" de Tierralta, Fabio Otero.
Por la tierra
La lucha por la tierra, que está en el origen del conflicto armado colombiano, no es algo nuevo en el sur de Córdoba, donde desde hace décadas paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes se disputan a sangre y fuego los campos, dejando un reguero de muertos.
El nuevo escenario de enfrentamiento que tiene bajo fuego cruzado a los líderes sociales se origina "a partir de la dejación de armas de las Farc y la subsiguiente generación de un vacío de poder capitalizado por las Agc para consolidar el ejercicio de poder hegemónico sobre la población, el territorio y las economías ilícitas", advirtió la Defensoría del Pueblo.
La alerta de este organismo que vela por los derechos humanos añade que este contexto de creciente hostilidad entre grupos armados ilegales en el sur de Córdoba "tiende a agravar los riesgos para líderes sociales, étnicos, comunitarios, de Juntas de Acción Comunal y defensores de derechos humanos".
En esa disputa sin fin por territorios en el sur de Córdoba que ahora libran las Agc y disidentes de las Farc, María del Pilar Hurtado es la víctima más reciente y engrosa la lista de colombianos asesinados a cuentagotas, la misma suerte que corrió el 7 de junio el exguerrillero de las Farc Jorge Enrique Sepúlveda en una zona rural de Tierralta.
En el Cauca
Mientras las acciones judiciales avanzan, ayer fue sepultada Hurtado en su pueblo natal, Puerto Tejada (Cauca), de donde salió hace cuatro años hacia Tierralta.
A los cuatro hijos de la mujer los trasladaron desde Tierralta en un avión del Ejército hacia la ciudad de Cali.
Posteriormente, salieron con rumbo a Puerto Tejada en compañía de una psicóloga y personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), informó el comandante de la División Séptima del Ejército, general Juan Carlos Ramírez.
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