General pide perdón a víctimas en sometimiento a la JEP

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El general retirado Henry Torres Escalante compareció ayer ante el tribunal de Justicia Transicional en la que se constituye como su primera audiencia en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. La presencia de Escalante en el tribunal se da para responder por el caso que se le adelanta por presuntas ejecuciones.

El oficial ratificó su sometimiento a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y declaró que contribuirá con la verdad, y que de ser el caso reparará a las víctimas, pero negó su responsabilidad en los hechos que se le imputan.

“No he causado, ni ordenado ninguna de las muertes de las que se me acusa. Es mi voluntad someterme a este tribunal para que sean analizadas las pruebas y conozcan la verdad”, expresó el general.

Al militar retirado se le acusa de homicidio agravado en persona protegida, por su presunta responsabilidad de mando relacionada con las acciones de sus hombres, quienes asesinaron a dos campesinos para presentarlos como bajas en combate en Aguazul (Casanare).

Aunque el militar negó haber cometido alguna conducta delictiva pidió perdón a las víctimas por los actos en los que incurrieron sus hombres, cuando estuvo al mando de la Brigada XVI del Ejército Nacional entre diciembre del 2005 y julio del 2007.

El general espera sea escuchada su versión y se analicen las pruebas que presentó su defensa y demostrar su inocencia, cuestión que no pudo conseguir en la justicia ordinaria.

Jaime Granados, abogado del oficial, explicó que al término de la diligencia radicó una solicitud para la sustitución de la detención preventiva, que en la actualidad adelanta en una guarnición militar, y espera se le otorgue el beneficio de libertad condicional, ante su decisión de colaborar para que avance el proceso.

Granados explicó que según un concepto que emitió la Corte Constitucional, el general tiene derechos a los beneficios que otorga la JEP a pesar de que no cumple con el requisito de llevar cinco años en prisión, ante su colaboración con la justicia.

El oficial aceptará la restricción para salir del país y su compromiso para asistir a las diligencias que considere el tribunal sean necesarias para contribuir con el esclarecimiento de los hechos investigados y de los que pueda tener conocimiento.

El defensor declaró que Torres Escalante acudió a la JEP porque considera que no se le han brindado imparcialidad ni la garantía de la protección de sus derechos en la justicia ordinaria.

Hasta el momento la Fiscalía colombiana ha documentado alrededor de 2.000 casos de ejecuciones que implican a unos 1.500 militares. A la fecha, 2.159 miembros de la Fuerza Pública se han presentado ante la JEP.