Inhabilitan a policías por asesinato de Javier Ordóñez

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Procuraduría General inhabilitó y suspendió por 20 años a los agentes de la Policía Camilo Lloreda y Harby Rodríguez por los delitos de abuso de autoridad y el asesinato de Javier Ordóñez, que generó violentos disturbios en el país en septiembre pasado.

Ordóñez, de 46 años, falleció en un clínica de Bogotá luego de ser sometido brutalmente por los dos patrulleros que descargaron de manera prolongada sobre él una pistola eléctrica táser durante su arresto en Bogotá.

Su muerte desató violentas manifestaciones contra la brutalidad policial en las que murieron otras 13 personas, diez de ellas en Bogotá y tres en la vecina localidad de Soacha, así como el rechazo generalizado contra el exceso de fuerza que ejercieron los uniformados.

La Fiscalía General confirmó el 18 de septiembre la captura de los dos policías involucrados en la muerte de Ordóñez a quienes les imputará los delitos de tortura y homicidio agravado.

Argumentos

Después de ser arrestado, Ordóñez fue trasladado al Centro de Atención Inmediata (CAI) del barrio Villa Luz, en el noroeste de Bogotá, y en ese lugar, según los argumentos del Ministerio Público, los agentes lo golpearon hasta causarle la muerte.

"Sin consideración o razón alguna y con brutalidad, Javier Humberto Ordóñez Bermúdez recibió golpes contundentes propinados por el uniformado Juan Camilo Lloreda Cubillos, mientras el patrullero Harby Damián Rodríguez Díaz no solo observaba lo sucedido sino que se inclinaba para sujetarlo", describió la Procuraduría en su fallo disciplinario.

La entidad estableció que todo ello ocurrió mientras Ordóñez se encontraba "en el piso, esposado completamente reducido, y nunca recibió auxilio o atención a pesar de sus lamentos y desesperación por las dolencias que lo afectaban".

Según relató la abogada de la Procuraduría, esas agresiones fueron grabadas por el patrullero Lloreda Cubillos en la madrugada del 9 de septiembre, es decir "muy poco antes de que (Ordóñez) empezara a morirse a causa de la inmensa hemorragia producida por el estallido de un riñón y las arterias y venas de ambos".

Para el órgano de control, la conducta de los agentes "constituye un acto contra el derecho fundamental a la vida de un ciudadano" que estaba bajo su cuidado, "quien debió haber recibido protección de los policiales, pero contrario a ello, lo que se ha conocido fue que realizaron todas las acciones ilegales para causarle la muerte sin tener la más mínima consideración".

Los policías mintieron

La Procuraduría estableció que el procedimiento policial en el que Javier Ordóñez recibió múltiples descargas eléctricas no ocurrió en la forma como lo relataron los uniformados, pues los videos de las cámaras de seguridad del lugar demuestran que la intervención de los agentes no obedeció a un intento por disolver una riña, como ellos habían dicho.