La corrupción escala en las filas del Ejército

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Un nuevo escándalo por presuntos actos de corrupción, del que harían parte 14 militares, dos de ellos retirados, está por estallar en el Ejército. Así se conoció ayer tras una audiencia celebrada en los Juzgados de Paloquemao ante el despacho de la jueza 15 de garantías en la que cinco de los aparentes 14 responsables se presentaron de manera voluntaria.

Los hechos que se investigan habrían ocurrido entre 2013 y 2016. En ese lapso, habrían logrado alterar los sistemas de la base de datos de talento humano para que por lo menos 543 militares lograran su retiro de la institución antes del tiempo legal.

Por esta labor, dice la Fiscalía, los involucrados cobraban entre un millón de pesos y un millón y medio de pesos a cada beneficiado. Los cinco que se presentaron ante la jueza no aceptaron su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, falsedad en documento público y acceso abusivo de base de datos.

Ninguno de ellos aceptó su responsabilidad. De ser hallados culpables de estas penas pagarían entre 6 y 24 años de cárcel.

Los militares que se presentaron ante el despacho fueron identificados como la cabo Érika Carrillo y los sargentos Héctor Betancur, Luis Ovidio Pazos, Wílmer León y Javier Malaver. Se espera que en las próximas horas se expidan las boletas de captura en contra de los nueve restantes.

De acuerdo con lo expuesto ante el estrado, los militares lograban alterar el SIATH, una plataforma en la que se consignan las bases de datos de los integrantes del Ejército. A ese sistema solo tenían acceso unos cuantos debido a lo sensible de la información que maneja.

Un integrante de la red era quien contactaba a los futuros ‘clientes’ y les ofrecía el retiro en un tiempo más corto. En síntesis, les aumentaban el tiempo de servicio en las filas. Por ejemplo, si alguien había ingresado en 1990 a la carrera militar, el sistema se modificaba para que en su registro apareciera que había entrado al Ejército en 1988 o 1989.

Así fue descubierto un caso en el que un militar beneficiado le aumentaron 12 meses a su tiempo de servicio, pero se detectó que en el año en que supuestamente ingresó a las tropas apenas estaba terminando su bachillerato.

Una vez se pactaba la alteración, los beneficiados debían consignar entre 300 mil y 500 mil pesos a la cuenta de un soldado profesional que trabajaba en el comando de talento humano del Ejército. Así las cosas, se estima que la banda habría logrado hacerse a por lo menos 5 mil millones de pesos bajo esta modalidad.

Respuesta

Los cinco militares que se presentaron por su propia cuenta ante el estrado tendrían responsabilidad en apenas 24 de los 543 casos en este nuevo escándalo que sacude al Ejército que a través de un escueto comunicado de tres puntos se refiere a 497 oficiales, suboficiales y soldados que se beneficiaron del entramado de corrupción.

Otro punto que llama la atención del comunicado del Ejército es que hablan de que de los 14 presuntamente implicados, la mitad son retirados y los demás continúan en el servicio activo. Sin embargo, ante el estrado las cuentas son otras ya que señalaron que hay 13 activos y dos retirados.

El abogado de uno de los cinco que se presentaron ante el despacho pidió que el caso fuera llevado por la Justicia Penal Militar, pero la petición fue negada y el expediente continuará en la justicia tradicional.

No se descarta que los militares favorecidos, entre los que hay algunos oficiales, sean objeto de alguna investigación ya que aparte de lograr el retiro también obtuvieron una serie de beneficios económicos por su tiempo de permanencia en las filas del Ejército.

Cascada de escándalos

El 10 de julio fueron capturados 12 militares que, según la Fiscalía, se dedicarían a falsificar documentos y a tramitar ascensos y cambio de unidades militares exigiendo, en retribución, pagos entre los $4 y $5 millones.

Asimismo, a comienzos de agosto fue enviado a la cárcel el general Jorge Horacio Romero, quien en su momento dirigió la IV la Cuarta Brigada del Ejército. Romero fue capturado por miembros del CTI de la Fiscalía por los cargos de cohecho, celebración indebida de contratos, concierto para delinquir y peculado a favor de terceros y propio.

Según la Fiscalía, desde hace un año el Ejército le informó sobre las irregularidades en unos procesos contractuales y en el trámite de unos salvoconductos mientras Romero fue comandante de la IV Brigada.

La semana pasada la Procuraduría General de la Nación recomendó suspender provisionalmente la licitación para la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos, por un valor cercano a los $387 mil millones, por un incumplimiento de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, que estarían limitando la libre concurrencia de oferentes.