COLPRENSA | EFE LA PATRIA
La Corte Suprema de Justicia dio ayer un paso hacia la imputación del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) al vincularlo formalmente en un proceso que le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos tras una larga indagatoria.
Sin mayores novedades finalizó la diligencia ante la Sala de Instrucción. Su comparecencia se dio luego de que los magistrados escucharon a unos 40 testigos, entre quienes se cuentan abogados, exfuncionarios condenados y exjefes paramilitares.
El expresidente es procesado por un caso que él mismo inició cuando demandó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda por buscar a exparamilitares en las cárceles para supuestamente usarlos como falsos testigos y que declararan en su contra.
El objetivo era presuntamente que lo vincularan a la fundación en los años 90 del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operó en Antioquia.
Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló no encontró méritos, archivó el caso y decidió iniciar uno nuevo contra Uribe porque consideró que las pruebas eran suficientes para abrir una investigación.
La jornada
El jefe del Centro Democrático llegó a las 7:42 de la mañana. Su caravana, compuesta por siete camionetas, se ubicó sobre la calle 12, es decir, al costado norte del Palacio de Justicia. El senador se escabulló entre una nube de periodistas, camarógrafos y fotógrafos que buscaron sus declaraciones, pero Uribe solo se limitó a pedir espacio para ingresar al edificio.
A pesar de ser un trayecto tan corto, el senador llegó a la puerta casi minuto y medio después, custodiado no solo por sus guardaespaldas, sino por su abogado Jaime Granados, quien lo acompañó a la diligencia junto con David Espinosa, el segundo a bordo de la bancada de la defensa.
Uribe Vélez ingresó en medio de la rechifla y de los vivas de contradictores y seguidores, quienes desde temprano estaban apostados a las afueras del Palacio de Justicia. Los primeros, por lo menos en este punto, triplicaban en número a los segundos.
Los policías encargados de custodiar y controlar cualquier alteración de orden público en el Palacio de Justicia fueron dispuestos en filas de 30 sobre la calle 12, la carrera séptima y carrera octava del edificio del máximo órgano de la justicia en Colombia.
A espaldas del contingente de la calle 12 estaba un grupo de uribistas que izaron una bandera de Colombia de unos 10 metros. La mayoría de ellos con camisetas en defensa del jefe del Centro Democrático. Para contrarrestar la bulla y los cánticos de los detractores, le compraron a un vendedor informal vuvuzelas. A $7.000 pesos las medianas y a $10.000 las más grandes.
La extraña monja
Los de un bando y otro se lanzaban improperios mutuamente. Gritos, insultos, la polarización de todos los días que se hizo más evidente ayer. Todavía está fresca en la memoria de los colombianos el resultado del plebiscito de la paz, en el que hace tres años el uribismo derrotó por unos pocos miles de votos a los defensores del acuerdo firmado con la guerrilla de las Farc, lo que obligó a reabrir la negociación y amplió la brecha política existente.
Por ello los defensores de Uribe consideran que el proceso por presunto fraude procesal y soborno de testigos abierto contra su líder es una batalla más de una guerra en la que están llamados a impedir el crecimiento de la izquierda.
Los antiuribistas ondeando banderas rojas y naranjas. "No más Uribe" decía el cartel más tímido. Los uribistas, al otro lado de la calle, mostraban cartelitos con "Uribe es Colombia". De un lado músicos y gente con la cara pintada simulando calaveras; del otro, una mujer que dijo ser monja y quien, megáfono en mano, exigía justicia.
Dijo que era misionera carmelita y que su nombre era Adriana Torres. Hermana Adriana Torres, para que no hubiera duda. Vestía hábito y lucía una camándula que cambiaba de mano. Añadió que estaba en la marcha, porque hace ocho meses fue golpeada y posteriormente desplazada de la comuna 13 de Medellín, hecho que, según ella, puso en conocimiento de la Fiscalía.
“Fueron los terroristas de las comunas donde trabajo. No sé quién fue. Me iban a matar y me robaron los celulares. Por eso estoy acá, en representación de esas mujeres que fueron desplazadas”, dijo la mujer, quien agregó que no tuvo permiso de ninguna superiora para asistir al plantón.
Producto de la violencia que dijo haber padecido la sor, sostuvo que andaba con “escoltas día y noche”. No obstante, durante las casi tres horas que estuvo en el lugar no se le vio guardaespalda alguno. A los demás periodistas que les entregó declaraciones su versión cambiaba y, de hecho, a uno de ellos, no supo decirle qué convento era su hogar.
La fina lluvia, que derivó en un leve aguacero, calmó a las barras que se fueron quedando sin aliento para sus proclamas. La vinculación formal de Uribe al proceso vaticina una batalla judicial que puede ser prolongada y con ella se perpetúa la polarización de la sociedad colombiana que en poco más de dos semanas volverá a manifestarse en las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro García, señaló que el expresidente Álvaro Uribe Vélez seguirá contando con las garantías procesales que hasta el momento ha sostenido en su proceso, añadió que pese a las voces que atacan la legitimidad de las instituciones ante la investigación penal contra el senador “es imperativo llamar a la cordura y a la confianza en la justicia”.
El presidente de la Corte indicó que ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones que están obligados a tomar los magistrados en ejercicio de su función. “Los jueces solo se basan en las pruebas legalmente incorporadas a los expedientes y los contenidos de la Constitución y las leyes”, explicó, al tiempo que aseguró que la justicia es un valor superior en cualquier nación democrática.
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