La JEP está en el limbo por una firma de Duque

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

En un partido de fútbol que se define en el tiempo extra, se convirtió la expedición de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP) que solo está pendiente de la firma del presidente de Colombia, Iván Duque, para entrar en vigencia, pero cuya aprobación final se enredó a última hora.
La sanción, necesaria para que la JEP tenga claras sus normas de funcionamiento, ha estado ‘esquiva’ desde el año pasado.
Primero, por la demora que tuvo el envío de la norma del Senado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, luego de ser avalada por la Corte Constitucional. La documentación llegó a la Casa de Nariño hace tan solo una semana, con un plazo máximo de 20 días hábiles, hasta el 11 de marzo, para que Duque decida firmarla u objetarla.
Pero ahora, cuando se creía que el impasse había quedado superado y el mandatario sancionaría la ley, pese a las críticas que ha hecho frente a ella, la aprobación volvió a enredarse porque algunas voces, incluidas las del expresidente Uribe, y la del propio fiscal General, Néstor Humberto Martínez, le han expresado al presidente sus reparos y solicitado que la objete, al menos parcialmente.
Aunque analistas creen que el presidente debería limitarse a sancionar la norma, porque ya tiene el aval de la Corte Constitucional, funcionarios del Gobierno dejan entrever que el mandatario podría acoger la recomendación y objetar la norma o parte de ella, por razones de conveniencia.
El alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, así lo manifestaron durante una sesión de las Comisiones de Paz, en donde se revisó el presupuesto que tienen los programa de paz en el Plan Nacional de Desarrollo.
“El presidente tiene unas prerrogativas que le confiere la Constitución y la ley y dentro de esas prerrogativas también tiene un plazo para analizar todas las implicaciones que se relacionan en este caso con la ley estatutaria”, manifestó Ceballos, además admitió que el "Gobierno está analizando la posibilidad de unas objeciones" y no ahondó en detalles de lo que podría objetar el mandatario.

Los expresidentes
En la controversia por la estatutaria de la JEP también terciaron los expresidentes de la República, Álvaro Uribe y César Gaviria Trujillo. El jefe del Centro Democrático estima que la mejor salida es que se acabe la JEP.
Uribe se refirió al tema en varios trinos y explicó sus críticas: la JEP "mantiene competencia sobre delitos de ejecución permanente después de la firma", "no se eliminan todos los beneficios a los reincidentes", "no hay acción penal sobre autores materiales de delitos atroces y sobre los cabecillas impunidad total" y "se prohíbe a la Fiscalía la práctica de pruebas".
El exmandatario señaló que la norma "prácticamente cierra las posibilidades de extradición" y "los delitos sobre menores quedan también en impunidad".
"Bueno que objeten la JEP, mejor eliminarla", concluyó.
Su postura fue rechazada de inmediato por el también expresidente César Gaviria Trujillo, quien por el contrario defendió la JEP, su trámite y prácticamente le retó para que presente otra ley si le molesta ésta que está por ser sancionada.
“Confío en que el presidente de la República, Iván Duque, sancione la ley, que de hecho ya se retuvo indebidamente en el Congreso y si él o su Partido o el fiscal General creen que hay que repetir discusiones jurídicas y políticas que se dieron, con todo detalle, en los últimos dos años, que presenten proyectos al Congreso y allá discutiremos la juridicidad y conveniencia de las modificaciones, con la seguridad de nuestra parte que no avalaremos nada que ponga en riesgo algo de lo que hemos avanzado en materia de paz, reconciliación, justicia y verdad y reparación”, declaró el jefe liberal.
Para Gaviria Trujillo, la JEP es la columna dorsal del proceso que permitió el desarme y la desmovilización de las Farc. “Ese diseño, dirigido a satisfacer a las víctimas en su derecho que haya justicia contó con un unánime respaldo de la comunidad internacional y su alcance trasciende la normatividad que proviene de la legislación ordinaria colombiana”, manifestó.

En el Congreso
En el Congreso de la República se volvió a desatar el debate entre los senadores y representantes, el cual ya no fue en las curules sino en micrófonos y las redes sociales.
Quien defendió la teoría de que se puede objetar la ley estatutaria fue el senador José Obdulio Gaviria, quien sostiene que la Corte Constitucional optó por acoger lo votado por las minorías y no las mayorías cuando se discutió el tema.
El entonces ponente del proyecto, senador del Partido de La U Roy Barreras, señaló que el planteamiento de Uribe es solo una noticia falsa. Para Barreras “claro que es necesario que la JEP mantenga competencia sobre delitos de ejecución permanente. Es la única manera de que las víctimas accedan a la verdad sobre sus desaparecidos y muertos luego de 50 años de doloroso silencio".
Barreras igualmente aseveró: "No es cierto que no se eliminen beneficios a reincidentes. Los pierden todos y si cometen otros delitos van a justicia ordinaria... y no es cierto que no haya acción penal sobre delitos atroces. Se juzga y castiga a máximos responsables".
La representante a la Cámara Margarita Restrepo de la bancada de Gobierno, manifestó: “En manos del presidente Iván Duque está la opción de objetar por inconveniencia la ley estatutaria de la JEP, así lo demanda buena parte de la opinión pública, pero sobre todo un amplísimo sector de las víctimas de las Farc que ven con legítima preocupación que la JEP será un mecanismo para la impunidad de sus victimarios”.
En la oposición hay una lectura más de lo que se está dando. Para el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, lo que existe es una unión entre el Gobierno Duque con el fiscal Néstor Humberto Martínez, porque desde el ejecutivo le ayudaron a tapar su escándalo con Odebrecht.

Desde la JEP

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, aseguró que "lo que se está abriendo es un debate político, que ya se dio en el Congreso".
Al referirse a los temores expresados por el fiscal respecto de la eventual impunidad, Linares aseguró que "precisamente la Jurisdicción fue diseñada para garantizarles a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que no habrá tal y que se sancionará a quienes hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el conflicto.
Recordó que la JEP estudiará delitos cometidos antes del 1 de diciembre del 2016 y que en consecuencia "los delitos que se comentan después de esa fecha son de competencia de la jurisdicción ordinaria".
La JEP detalló que la sanción de la ley beneficiará a 9 mil 691 desmovilizados de las Farc, mil 958 miembros de la fuerza pública y 39 agentes del Estado que hasta el momento se han sometido.