La polémica del Ejército trasciende al plano internacional

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El revuelo causado por el artículo de The New York Times sobre la política del Ejército para mejorar los resultados operacionales, que puede poner en riesgo a civiles, amenaza con convertirse en una controversia internacional para el Gobierno del presidente Iván Duque.

La polémica directriz que insta a duplicar el resultado en las operaciones militares tomó fuerza ayer en el plano internacional con las reacciones del director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se suman a las de un congresista de EE.UU.

La medida se hizo pública el sábado cuando el diario estadounidense reveló la orden impartida a la tropa, lo que activó las alarmas en la sociedad por la ventana que esto podría abrir para que se retomaran los "falsos positivos", de los capítulos más crueles y oscuros del conflicto armado del país.

Así se les llama en Colombia a las miles de ejecuciones de jóvenes cometidas por militares en la década pasada para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate y de esta forma obtener de sus superiores permisos, condecoraciones y ascensos.

Buscan a los informantes

Human Rights Watch advirtió ayer sobre posibles represalias a oficiales por haber proporcionado información al periodista Nicholas Casey, autor del artículo, y quien salió del país por motivos de seguridad, camino que también tomó el fotógrafo del NYT, el manizaleño Federico Ríos.

En un mensaje de Twitter, Vivanco consideró que "sería muy grave que hubiera retaliaciones contra oficiales que se animaron a contar la verdad".

A continuación preguntó al ministro de Defensa, Guillermo Botero: "¿Es cierto que en este momento están interrogando a 15 oficiales en la sede de la segunda división del Ejército para saber quién le dio la información al The New York Times?".

La Fiscalía investiga hasta el momento cerca de 5 mil casos de "falsos positivos" que involucran a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.

De estos, 2 mil 200 casos fueron remitidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y es la columna vertebral del acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la campaña de estigmatización contra Casey que hizo la senadora María Fernanda Cabal, del partido oficialista Centro Democrático.

Cabal, reconocida por sus posiciones radicales de ultraderecha, afirmó que el periodista estuvo en 2016 con las Farc en la selva y se preguntó "¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje?" y por el que hizo, según ella, "contra el Ejército de Colombia".

Por esas afirmaciones, la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, directora del diario El País, de Cali, afirmó que estos insultos de funcionarios "crean un ambiente hostil para la prensa e instigan violencia contra periodistas y medios".

Estas reacciones se sumaron a las del senador demócrata Patrick Leahy, quien pidió a Duque exigir las pruebas con las que Cabal fundamenta su mensaje y, en caso de que no existan, hacer una denuncia pública.

"La libertad de prensa es vital en cualquier sociedad democrática y es responsabilidad solemne de los funcionarios del Gobierno defenderla", sentenció el senador, demócrata de Vermont.

Este comentario adquiere relevancia por ser Leahy integra la Comisión de Apropiaciones, instancia en la que el Congreso estadounidense discute la ayuda presupuestaria para Colombia.

Ante las críticas, el Ejército negó ayer el interrogando a altos oficiales para establecer quién suministró la información, y aclaró que sí hubo una reunión con oficiales, pero fue para abordar el desarrollo de operaciones con las que se busca detener la deforestación.

A raíz del escándalo, el comandante del Ejército, mayor general Nicacio Martínez, dijo que se cambiará la polémica directriz porque considera que hubo "mala interpretación" por personas ajenas a la institución.

Ante esa decisión, Casey señaló en Twitter que pese a que la "directriz famosa" será cambiada, se mantienen las órdenes de "doblar los resultados" y "no exigir perfección" durante las operaciones, por lo que "las dudas se quedan".

Respuesta de Cabal

La senadora uribista María Fernando Cabal emitió una carta al senador estadounidense Patrick Leahy, en respuesta a los cuestionamientos que ese legislador le hizo por su crítica al artículo de The New York Times. Según Cabal, el artículo publicado “resultó tendencioso, desequilibrado y carente de veracidad, al distorsionar la información recaudada de distintas fuentes y es esa vía, convertir una directiva del comandante del Ejército en una orden criminal, completamente fuera de contexto”.

“Para finalizar, senador Leahy, su pretensión de que prospere una denuncia por parte del Gobierno en mi contra por estos hechos, vulnera el principio elemental de separación de poderes, el cual no puede dejar al margen un parlamentario de larga trayectoria como usted. El Gobierno no puede intervenir en el actuar del Congreso Nacional y, mucho menos, censurar o judicializar sus opiniones”, escribió la senadora.