Ley de Financiamiento se cae por cuestión de forma

COLPRENSA | EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La polémica ley de financiamiento, que tenía 24 demandas en la Corte Constitucional, fue tumbada en su totalidad ayer con una votación de seis a favor y tres en contra, luego de ser estudiada en Sala Plena.

La álgida decisión tardó 10 horas, en la que los nueve magistrados estimaron acoger la ponencia de Alejandro Linares, quien tenía una demanda en su despacho en la que se solicitaba que se tumbara la ley por cuestión de forma y no de fondo.

La demanda estaba encaminada a que no se surtió el procedimiento en el legislativo a la hora de la votación y la publicación. La determinación que tomó la Corte da cuenta que la ley se cae a partir del primero de enero del 2020, un año después de haber entrado en vigencia.

Lo que explicó la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, es que “asiste razón a los demandantes, en la medida en que la proposición con la que finalizó el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se planteó de manera incompleta”.

"Se violó el principio democrático, en tanto no se dio una deliberación racional de la ley, no se respetó el pluralismo ni los derechos de las minorías y no se garantizó el control ciudadano", añadió la magistrada.

La presidenta señaló también que el Congreso deberá volver a tramitar un proyecto de ley, desde la fecha hasta el 31 de diciembre, que de no ser así a partir del 1 de enero empezará a regir las normativas impuestas antes de la Ley de Financiamiento.

“Se dispuso que en caso de que para la fecha establecida para que comience a surtir efectos la declaratoria de inexequibilidad no se hubiere publicado y promulgado una nueva ley, opere la reviviscencia de manera simultánea de las normas derogadas o modificadas por la Ley 1943 de 2018”, señaló la presidenta.

La determinación final se registró con una votación en contra de los magistrados Gloria Ortiz, Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal, quienes salvaron voto.

Los efectos

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se impulsó esta ley para solventar el déficit fiscal de 14 billones de pesos que, dijo, el Estado heredó de la administración de Juan Manuel Santos. Con esa medida se garantizaba el recaudo de siete billones.

El jefe de esa cartera había advertido esta semana que una eventual decisión de la Corte contraria tendría "efectos funestos" para la economía y pondría "en serio peligro la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas".

El Gobierno argumenta que la Ley de Financiamiento es de los pilares para que la economía del país crezca por encima del 3% en 2020 y sin ella el resultado se verá reducido en 0,7 puntos porcentuales.

Igualmente aseguró que desfinanciar el presupuesto del 2019 obligará al Gobierno a tomar otras medidas que generarán un "impacto irreparable" sobre la confianza de los inversores ya que la citada ley estipulaba reducciones de impuestos a las empresas para estimular la inversión y generación de empleo.

Al conocer el fallo de la Corte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, pidió al Gobierno tramitar normas que permitan reemplazar las que quedaron sin vigencia por la decisión del tribunal.

A ese pedido se sumó la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, quien dijo que "es urgente enviar señales de estabilidad a los inversionistas para que en esta propuesta de transición no desfallezca el interés extranjero por invertir en el país".

Entre tanto el Consejo Gremial Nacional (CGN) recordó que Colombia ha tenido en el último cuarto de siglo 15 reformas fiscales y que volver a cambiar la tributación, en menos de 11 meses de vigencia de la Ley de Financiamiento, afectará la inversión extranjera, que tuvo un crecimiento del 24,4% entre enero y julio.

Análisis

El abogado y economista José Roberto Acosta es de la tesis de que la determinación de la Corte Constitucional no es tan grave.

Acosta enfatizó en que las cuestiones de forma no deben perderse de vista bajo ninguna circunstancia y opina que, de acuerdo con estudios internacionales, el efecto que trae la no aprobación de la Ley de Financiamiento es nulo y que, además, se le hace un favor al Gobierno con su determinación.

Desde la propia motivación de la ley, Acosta considera que se le ha dado mayor beneficio a las empresas, haciendo de esta una “ley de desfinanciamiento”, como la considera, pues apunta a que la suma perdonada a las compañías sería superior a lo recaudado, dejando un vacío considerable.

Isidro Hernández, investigador y economista de la Universidad Externado, considera, igual que Acosta, que el hecho de que la Corte haya tumbado la ley tiene un efecto nulo para este año.

Sin embargo, añade Hernández, podrían llegar a verse algunas afectaciones para el año entrante.

“Por el lado del consumidor, de los hogares, se caería el tema del IVA del 9%, lo que favorecería el consumo, lo cual nos lleva al asunto macroeconómico: muchos han dicho, en especial los gremios, que prácticamente habría que cerrar el país, y eso no es cierto. Algunos sectores, desde luego, se van a ver afectados en algún grado en materia de inversión, especialmente empresas que hicieron su inversión en términos de los beneficios tributarios que recibían”, explicó.