Luz verde a la consulta anticorrupción

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

En medio de una controversia sobre el supuesto favorecimiento político que pretendió tener el candidato presidencial Gustavo Petro con la iniciativa, la plenaria del Senado aprobó anoche por 84 votos y ninguno en contra la convocatoria de la consulta anticorrupción.

La polémica arrancó por un trino del aspirante presidencial Petro, quien en su mensaje le solicitó al Senado votar la citación de la consulta, como también a que su contradictor Iván Duque hiciera lo mismo con su partido, el Centro Democrático, para que votara el proyecto. 

Luego de la controversia la representante Angélica Lozano, una de las dos promotoras, aseguró que la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, había dicho en privado que querían que la iniciativa no pasara. “Parte de tu bancada llegó con ánimo de echarse para atrás con la Consulta Anticorrupción según me explicaste. Celebro que lo descartaron. No usé la consulta en beneficio de Fajardo, no la voy a feriar a quien se suma a ultima hora”.

La senadora Valencia sostuvo: “Pedimos que la consulta anticorrupción se aplazara hasta el día de hoy, 5 de junio, buscando que no interfiriera en la primera vuelta. Y por supuesto, este es un Partido coherente, que no dice mentiras, que jamás promete cosas que no va a cumplir. La mezquindad con la que está actuando la representante Angélica Lozano me sorprende, porque habíamos hecho un entendimiento sobre la base de la generosidad y la no usufructuación política de una consulta que estaba por encima de los intereses partidistas. Me llama la atención que como apoyo al candidato Petro, haya pretendido hoy desdibujar el voto legítimo y el compromiso total de nuestro candidato Iván Duque”.

Sin embargo, ya en la discusión en la plenaria la iniciativa popular se abrió paso. La senadora Claudia López sostuvo que precisamente para que no se cruzara con los intereses políticos fue que se pidió aplazar la aprobación de su convocatoria.

Un senador que se opuso a la consulta fue Roy Barreras, del Partido de la U, quien sostuvo que de las siete propuestas cinco ya son ley de la República y para dos más se requiere de una reforma constitucional. Agregó que la mayoría de sus colegas la votaban por miedo a ser controvertidos por la opinión pública.

“La van a votar para evitar daños colaterales, no es porque crean en ella, es por miedo a los medios, a las redes sociales. Los mueve el título no al articulado”, indicó Barreras, al destacar que se gastarán sin necesidad 350 mil millones de pesos que se perderán cuando la Corte Constitucional en su revisión tumbe estas normas si se aprueban.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el Gobierno se compromete a asignar el presupuesto requerido para la consulta, y que queda a la espera para que la documentación llegue a la Presidencia de la República para convocarlo.

Tras la aprobación de la convocatoria de la misma, el presidente de la República y el registrador tendrán ocho días para fijar una fecha para convocar la votación de la consulta anticorrupción. La fecha que fije el mandatario tiene que ser en los tres meses siguientes al concepto del Senado, es decir, hasta el 11 de septiembre.

La norma electoral señala que para ser aprobada la consulta y por consiguiente los siete puntos, deberá tener la mitad más uno de los votos válidos, siempre y que salgan a votar un tercio del censo electoral. El Censo electoral en 2018 es de 36 millones de ciudadanos. En promedio serían 12 millones de votos.

Lo que busca la consulta

1.  Bajar el salario a los congresistas y altos funcionarios.

2.  Quitar los beneficios de cárcel especial a corruptos y prohibirles contratar con el Estado.

3.  Contratación transparente con pliegos tipo en todo el país (hoy solo hay pliegos tipo en infraestructura).

4.  Presupuestos públicos con participación ciudadana a través de audiencias públicas.

5.  Congresistas deben rendir cuentas claras sobre su gestión, haciendo públicas sus gestiones, votaciones e iniciativas.

6.  Hacer públicas las declaraciones de renta e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio.

7.  No más atornillados en el poder: máximo tres periodos en corporaciones públicas.