EFE | LA PATRIA | Bogotá
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia manifestó ayer su preocupación por el asesinato de 113 líderes sociales en 2018 en el país e instó al Gobierno a fortalecer las garantías para que los defensores de derechos humanos puedan ejercer su misión.
El representante del organismo en Colombia, Alberto Brunori, presentó en Bogotá el informe Situación de los derechos humanos en Colombia, realizado por esa oficina tras dialogar con cientos de personas e instituciones con las que realizó 1.300 misiones en terreno el año pasado.
Según las cifras del informe de la ONU, los 113 líderes fueron asesinados en 24 de los 32 departamentos de Colombia, principalmente en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, que concentraron el 37 % de los casos.
Del total de personas que fueron asesinadas, nueve eran mujeres y la mayoría de esos homicidios se cometieron en municipios en los que existe un "alto riesgo de incidencia de violencia por razón de género", por lo que la ONU instó a implementar el "Programa Integral de Garantías para Mujeres, lideresas y defensoras de derechos humanos".
El 66% de los asesinados, detalla el informe, habían denunciado a criminales o los efectos de la violencia sobre la población.
En el informe, la Oficina también alertó de 11 presuntas ejecuciones cometidas en 2018, de las cuales seis fueron realizadas, al parecer, por la Policía y cinco por el Ejército.
Esos casos ocurrieron en Antioquia, Arauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander y las causas, según la ONU, pueden ser "la falta de mando y control por parte de los comandantes respectivos, así como la ausencia de disciplina táctica y de seguimiento de protocolos establecidos para el uso de la fuerza de acuerdo a los estándares internacionales".
Brunori aseguró que una de las claves para mejorar la situación de los derechos humanos en el país está en la debida implementación del acuerdo de paz firmado por el Gobierno, que entonces presidía Juan Manuel Santos, y la antigua guerrilla de las Farc en noviembre de 2016.
Eso, explicó Brunori, podría reflejar además la voluntad que tiene el Estado colombiano de cumplir con sus obligaciones internacionales, si bien alertó que los esfuerzos hechos no han sido suficientes.
De igual forma se manifestó que, según el registro de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), fueron asesinados tres periodistas, 200 recibieron amenazas y a 477 los agredieron
Luz verde a la ley DE la JEP
La ONU pidió ayer al presidente, Iván Duque, la "urgente sanción" de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) pese a las objeciones que ha planteado el mandatario porque considera que ese tribunal es clave para la construcción de una paz "estable y duradera".
Así lo afirmó el representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, quien señaló que "la construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin dilaciones, del proyecto de la ley estatutaria de la JEP".
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