Personas con sanciones fiscales quedan descartadas para ejercer cargos públicos

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La vicepresidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, aseguró que con una votación de cinco a favor y cuatro en contra, la Sala Plena dejó en firme el artículo 38 de la ley 734 de 2002 y parcialmente la Ley 610 de 2000, en el que se establece una inhabilidad para las personas que quieran ejercer cargos públicos y se encuentren sancionados fiscalmente.

“Estas dos normas consagran una inhabilidad para ejercer un cargo en el sector público. Para poder ser elegido uno debe allegar la certificación de la Contraloría General de la República, que señala que no ha sido declarado culpable fiscalmente”, dijo la magistrada.

El presidente de la Corte, Alejandro Linares, aseguró que “lo que dice la decisión es que ningún servidor público se puede posesionar si está en el listado de responsables fiscales que publica periódicamente la Contraloría, trátese de una secretaria, un presidente, un congresista o un magistrado. Debe estar al día en sus obligaciones con el Estado”.

Los togados explicaron que cualquier persona que quiera acceder al sector público no debe estar en la lista negra de la Contraloría, en razón a eso la vicepresidenta de la Corte aseguró que la decisión no cobija a las personas que ya se encuentran posesionadas en su cargo. Esta determinación tan solo cobija a quienes pretendan acceder al sector público.

La determinación de la Corte se dio luego de negar la demanda instaurada por Dagoberto Quintero, abogado del senador Gustavo Petro Urrego, quien aseguró que parágrafos de las leyes mencionadas debían declararse inconstitucionales bajo el entendido que las multas que establece la Contraloría en contra de su defendido no pertenecen a un carácter penal o disciplinario, por lo que no deberían afectar el derecho a acceder a la función pública.

Si bien las acciones fiscales en contra del senador están suspendidas por el momento, de hallarse alguna responsabilidad en las mismas, el senador tendría que desistir de inscribirse para una próxima candidatura a la Presidencia, según la jurisprudencia sentada ayer por la Corte.