Polémica por nombramiento de militar para protección de líderes sociales

Colprensa | LA PATRIA

Desde el Congreso de la República, se cuestionó este miércoles la designación del general Leonardo Barrero como el director del Programa de Atención Oportuna, PAO, con el cual el Gobierno nacional protegerá a los líderes sociales que están siendo amenazados, críticas que fueron rechazadas por el Ejecutivo desde donde se defendió el nombramiento.

A Barrero, quien fue comandante de las Fuerzas Militares en el gobierno anterior, se le investiga dentro un proceso por supuesta obstrucción de investigaciones penales contra hombres del Ejército comprometidos en presuntos falsos positivos.

Este miércoles, en una rueda de prensa que adelantaron congresistas de izquierda con líderes sociales, ese fue el tema central de discusión. Al respecto, el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino sostuvo que eso es “mandar un pirómano a apagar un incendio. No se puede mandar a un exmilitar comprometido seriamente en hechos de violación de derechos humanos y en la obstrucción a la justicia en este cargo. Esa no puede ser la persona que tenga la responsabilidad de un programa de protección a los lideres sociales”.

Sin embargo, la defensa al nombre del general en retiro vino de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien sostuvo que “contratamos al general Barrero porque consideramos que es una persona que conoce el territorio, las comunidades. En el territorio, en todas las salidas que hemos hecho, jamás nadie ha hecho un cuestionamiento. Aquí se trata de garantizar la seguridad desde la Fuerza Pública y una acción social concertada entre las autoridades del Estado”.

Gutiérrez además señaló que se debe actuar bajo el derecho al principio de inocencia. “Nosotros actuamos bajo el principio de la buena fe, personalmente considero que nadie puede ser señalado si no es por una autoridad judicial, razón por la cual mientras no haya una sentencia partimos de la buena fe y de respetarles los derechos a todas las personas. Los derechos procesales, a defender el buen nombre, son parte fundamental de los derechos humanos”.

También expuso sus cuestionamientos el senador Iván Cepeda, quien sostuvo que no puede haber manto de duda sobre la persona que tenga esta responsabilidad.