Posconflicto deja expuestas las zonas protegidas

COLPRENSA | LA PATRIA |BOGOTÁ

Los voraces incendios que consumieron territorios del Parque Nacional Tinigua en cercanías de Caño Cristales en Meta, y en el páramo La Cortadera en Boyacá, tienen distintos orígenes, pero el más preocupante es de los grupos armados, quienes están depredando zonas naturales protegidas para ampliar su capacidad económica ilegal.

Luego de que al menos 150 hectáreas de vegetación y fauna nativa de la Serranía de La Macarena (Meta), fueran consumidas por las llamas, que estuvieron encendidas durante dos semanas y que apenas fueron extinguidos el fin de semana, el Gobierno nacional anunció la creación de una nueva fuerza de tarea conjunta, que se encargue de la protección medioambiental.

Y es que de acuerdo con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en esa zona del país al menos 120.000 hectáreas se han perdido por culpa de grupos ilegales. Zuluaga dice que en años recientes las disidencias de las Farc son las que más arruinan el terreno para dar usos agrícolas al suelo, o para sembrar allí cultivos ilícitos.

Esta hipótesis fue respaldada por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien aseguró ayer que “está plenamente establecido que el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación, con las cuales se financian los Grupos Armados Organizados, son las principales amenazas a nuestro medio ambiente”.

Hostigados por los violentos

"La acción criminal de grupos ilegales, narcotraficantes, que este fin de semana dejó decenas de hectáreas de bosque devastadas en la Serranía de La Macarena y el Parque Nacional Natural Tinigua, nos obliga a ser implacables con quienes destruyen la naturaleza. La fuerza pública no se va a retirar de las zonas de los Parques Nacionales Naturales donde los criminales pretenden asentarse”, dijo Trujillo, al anunciar la creación de la Fuerza de Tarea Ambiental, que contará con integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Trujillo cree que una estrategia de los ilegales es captar a campesinos que viven en inmediaciones de las zonas protegidas y pagarles para que inicien los incendios, para luego sembrar coca.

De la misma manera, generan un ambiente de zozobra entre los encargados de la seguridad de los parques.

Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, dice que al menos 20 guardaparques del país han recibido amenazas de los ilegales. Y una denuncia hecha por un antiguo director de esta organización dice que 10 funcionarios ubicados en los sectores de Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis y La Paya, ya salieron de allí luego de que hombres armados los amenazaran a principios de este mes.

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, afirmó que ser defensor del medioambiente en el país es arriesgado, debido a los múltiples intereses que hay en la protección de zonas que requieren mayor cuidado, y la incomodidad que genera en grupos particulares.

"Desafortunadamente, no solo los guardaparques han sido amenazados, funcionarios del Ministerio y de las corporaciones autónomas regionales han sido amenazados. Cuando hemos llegado a algunas zonas del país, nos hemos encontrado con un grave panorama de deforestación", resaltó Lozano.

De acuerdo con cifras oficiales, en al menos 59 zonas naturales protegidas del país hay presencia de grupos armados y están bajo vigilancia estatal, para evitar que ocurran situaciones como la de la Serranía de La Macarena.

Sin presencia del Estado

Sobre el panorama, Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medioambiente, señaló que el posconflicto ha dejado más expuestas las zonas protegidas, pues antes de la firma del acuerdo de paz con las Farc, esta guerrilla tenía control en algunas áreas naturales, especialmente en el Parque Nacional Tinigua, por lo que había control sobre quienes se quedaban o no en estas.

"Infortunadamente, una vez acabó el conflicto con las Farc, el Estado no ocupó lugares muy estratégicos como el de la Serranía de la Macarena. De alguna manera, esos territorios quedaron en manos de los grupos disidentes y de empresarios criminales, lo digo así porque violan la ley permanentemente y tienen interés constante en deforestar en lugares cercanos a los parques. A pesar de que Colombia tiene una fuerza pública fuerte, los cultivos de coca en estas áreas han aumentado de forma desmesurada y estamos viendo las consecuencias", enfatizó.

En cuanto a la incidencia que ha tenido el cambio climático en los incendios forestales, Rodríguez indicó que este factor ha atacado más la Amazonía, debido a temporadas secas muy prolongadas. Sin embargo, son más los incendios provocados por la acción humana.

"Considero que una fuerza de tarea podría funcionar para evitar una mayor número de conflagraciones. Por ejemplo, en Brasil, a inicios de este siglo y durante 10 años, se enviaban escuadrones en un foco de incendio en dos o tres días para que lo apagara de forma eficiente. Cabe resaltar que en ese tiempo no había la tecnología que hay a hora para rastrearlos. Sin embargo, mediante una reacción rápida, este país logró disminuir considerablemente la deforestación en aquella época", recalcó.

Operación Artemisa

Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, informó que se ejecuta desde abril del 2019 en coordinación con la Fiscalía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. "Esta campaña cuenta con 22 mil 300 integrantes de la fuerza pública que han realizado 244 operaciones en Putumayo, Caquetá y Guaviare", dijo el ministro y recalcó que han recuperado 5.300 hectáreas de Parques Nacionales Naturales, 316 aves, 3.974 especies entre mamíferos y reptiles, 9.075 peces, y se han incautado 31.254 kilos de pesca ilegal. También se han decomisado 21.564 metros cúbicos de madera, y se han brindado 130 apoyos para el control de incendios forestales.