COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
El expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, radicó ayer el proyecto de ley estatutaria por medio del cual se adopta en Colombia la figura de la doble instancia retroactiva para aforados, con la cual se beneficiará directamente el recién extraditado de los Estados Unidos, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por el caso de los subsidios de Agro Ingreso Seguro.
El proyecto propone crear una sala especial de revisión en la Corte, conformada por tres magistrados, que funcionaría por cuatro años y que se encargaría de estudiar alrededor de 250 casos.
Al ser preguntado sobre si esta es la “Ley Andrés Felipe Arias”, el senador Uribe expresó su molestia por denominarse esa futura norma legislativa con ese nombre. “Hombre, le ruego tener en cuenta esto, primero Colombia es signataria a respetar este derecho fundamental”, sostuvo tras recordar que hay mandatos internacionales y del país, que determinan reconocer la doble instancia.
El jefe del Centro Democrático además señaló que el acto legislativo del 2018 que incorporó la figura, dejó la doble instancia de forma a temporal, es decir que podrá beneficiar a quienes ya han sido juzgados, “está abierta la posibilidad que sea retroactivo, bastaría con una aclaración de la Corte para reconocer ese derecho de aquellos condenados sin una segunda instancia”.
Otros proyectos
El uribismo radicó un proyecto que exige a los congresistas diputados y concejales, informen en la respectiva plenaria de su corporación alguna gestión presupuestal realizada, especificando objeto, monto y entidad territorial. Uno más que establece condiciones especiales para que los integrantes de la fuerza pública condenados por delitos anteriores al 1 de diciembre del 2016, puedan tener un beneficio de libertad condicional después de 5 años de pena privativa.
Un proyecto más busca agravar las penas e impedir beneficios subrogados penales a los agresores contra los integrantes de la fuerza pública, otra iniciativa es la que propone adoptar normas especiales de pago que estimulen el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y también está la reforma constitucional para que los delitos contra el medio ambiente y recursos naturales, no puedan ser conexos con el delito político.
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