Resultó que el asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, el 2 de noviembre de 1995, lo ejecutó la guerrilla de las Farc. No fue el gobierno de Ernesto Samper, de quien se sospechó porque el finado pedía al Ejército que lo tumbara por haberse aliado con el cartel de Cali. Tampoco fueron los narcos, a quienes en ese entonces se les achacaban todos los asesinatos de políticos y líderes. No fueron los paramilitares, que en ese momento se fortalecían y preparaban su toma del poder a través de la eliminación de personas incómodas. Y no fueron los que estuvieron encerrados en la cárcel acusados del magnicidio, que solo sirvieron de chivos expiatorios.
Fueron las Farc y - según el exguerrillero Carlos Antonio Lozada, hoy senador Julián Gallo Cubillos - la orden se dio desde que esta guerrilla se fundó en 1964. Porque Gómez Hurtado, siendo senador, fue uno de los que apoyó el bombardeo a las “repúblicas independientes” del sur del Tolima. Hecho que se consumó bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, en lo que se conoció como Operación Soberanía.
Una acción que, más que liberar algunas zonas del país, derivó en Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, comandando unos campesinos alzados en armas y organizados en bloques por media Colombia.
Tirofijo, además, le cargaba bronca a Laureano Gómez, papá de Álvaro, por incentivar la violencia partidista con discursos como El basilisco (1949) en el que comparó al liberalismo con una bestia salvaje con cabeza de comunista; dos de los ideales de las guerrillas campesinas. Y los pecados del padre los heredaría el hijo.
Lo anterior se supo por lo que Gallo Cubillos dijo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por lo registrado en el libro Documentos y Correspondencias de Manuel Marulanda Vélez (1993 - 1998). Texto que circulaba en los frentes de las Farc y hace años llegó a manos del senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, pero este nunca le prestó atención a lo allí registrado.
“No me explico cómo un secreto que era conocido por centenares de personas se mantuvo oculto para los organismos de investigación. ¡Es una locura!”, afirmó el exguerrillero a El Espectador (https://bit.ly/2FgNtqL), lo que evidencia la inoperancia de la Fiscalía y sus investigadores. También que las pugnas por intereses políticos están por encima de la verdad.
Hechos repugnantes como el secuestro, las tomas a poblaciones o el terrorismo que por más de 50 años fueron parte de las prácticas de las Farc, no desnudaron tanto al Estado colombiano como el haber callado este magnicidio por 25 años. Con la confesión del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado demuestran que aquí no hay intereses políticos por construir un país, mucho menos que se sepa la verdad.
Ninguno de los fiscales, de 1995 a la fecha, mencionó a las Farc como sospechosas de este homicidio. ¡Ninguno! A pesar de los centenares de guerrilleros desmovilizados, de las capturas de cabecillas, de incautación de computadores y memorias, de los operativos a células urbanas y rurales.
Esto refleja que quien llega al cargo de Fiscal General de la Nación lo hace por amiguísimo y no por méritos. El actual fiscal, Francisco Barbosa, es ejemplo de ello.
Tirofijo, donde esté, debe estar riéndose; y Laureano, revolcándose en su tumba.