La estructura jerárquica del Poder Ejecutivo establece que en la base están los integrantes de las Juntas de Acción Local (JAL) o las Juntas de Acción Comunal (JAC) que son, según la Registraduría, “organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro (…) corporaciones administrativas de carácter público y de elección popular que sirven de puente entre la comunidad, el Alcalde y el Concejo para solucionar los problemas globales de toda una comuna o corregimiento”.
 Luego, según el sistema, los concejales deben manifestar el sentimiento del pueblo al alcalde e ir escalando al gobernador, al representante en el Congreso, al ministro de turno y, finalmente, al presidente. Pero esto no sucede, porque esta cadena y sus eslabones olvidaron que su función era atender las voces de la comunidad y transformaron la estructura en una máquina electoral.
 Los integrantes de las JAC y las JAL, responsables de convocar esos cabildos populares e invitar a los concejales para escuchar a los manifestantes, se convirtieron en peones politiqueros. Viven del favor del congresista o el concejal; son los que ayudan con la teja y el tamal. Su labor no es escuchar sino recoger cédulas y sumar votos.
 Al desvirtuarse esta estructura no hay voceros. ¿Acaso han visto a algún edil, concejal, diputado o congresista hablando con los manifestantes? No saben cómo hacerlo y quienes lo han hecho es más por cálculos electorales que por buscar una verdadera mediación porque el pueblo, para ellos, son meros votos.
 Por eso es que los jóvenes manifestantes, los de la primera línea, los que se están haciendo matar a manos de la Policía y grupos paramilitares camisas blancas de “gente de bien”, no creen en quienes los representan ante el Gobierno. Alejandro Villanueva, activista santandereano, lo dijo hace unos días en Noticias Caracol: “este paro no lo convocaron los sindicalistas, no lo convocó el Moir, este paro lo convocó la gente” (https://bit.ly/3geJQBl). Y el Comité Nacional del Paro (CNP) no es “la gente”.
 El CNP está conformado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), la Confederación Democrática de los Pensionados (CDP), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), los de Dignidad Agropecuaria, la Cruzada Camionera, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES) y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES). Sindicatos y organizaciones llenas de demagogia, burocracia e intenciones políticas. Nélson Alarcón, directivo de Fecode e integrante de la CNP, lo dejó muy claro esta semana: ellos buscan “robustecerse” para “llegar al poder en 2022”.
 “Mal haríamos hablar por los jóvenes de primera línea porque hoy nosotros no somos los voceros. Y eso hay que dejarlo claro, ellos son los voceros de ellos mismos legítimamente. ¿Qué les hemos dicho? Intégrense al Comité Nacional de Paro”, agregó Alarcón. Pero resulta que quienes están protestando en las calles no buscan prebendas, ni CVY, ni un puesto como congresista; piden ser escuchados y un trato digno.
 Esos diálogos entre el Ejecutivo y el CNP no van a llegar a buen puerto, porque están los intereses políticos por encima de los sociales. Y “la gente” no está siendo representada.