Para el Alcalde de Manizales, de la visita del Procurador General quedó un asalto: un asalto a la buena fe del alto funcionario, dijo. Sin embargo, para otros, de la visita de Fernando Carrillo quedó un hecho sin precedentes: que un alcalde de la ciudad, por primera vez, saliera en público a explicar su alto número de contratos directos.
Ahora bien, esa intervención del Alcalde, que se dio en el Concejo de Manizales durante la instalación de sesiones extraordinarias, deja algunas reflexiones sobre cómo seguir pensando, desde el poder y la ciudadanía, los contratos directos en la región.
Primero. El Alcalde presentó su reporte de contratos directos como una “penosa y tediosa tarea”. Como si transparentar datos fuera algo molesto, como desconociendo que mostrar información es su obligación. Eso que hizo en el Concejo, que quizás no habría hecho sin la visita del Procurador, es el deber que tiene frente al derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a datos públicos sin tener que pedirlos, eso que la ley llama “divulgación proactiva” de información pública.
En este sentido, su obligación, como la del Gobernador, es entregar y publicar estos datos oficiales no solo en intervenciones coyunturales en el Concejo o en la Asamblea, sino en sus rendiciones de cuentas, en sus páginas web, en sus redes sociales. Sobre todo porque sus herramientas de difusión no son solo para mostrar resultados buenos, son también para garantizarle a la gente información veraz y oportuna, incluso la que no conviene.
En segundo lugar, la intervención del Alcalde dejó claro que los contratos directos son disímiles, con objetos diversos que deben ser analizados en detalle. Es verdad que al hablar de contratos directos se tiene que identificar cuáles son interadministrativos, cuáles son convenios de asociación necesarios con entidades sin ánimo de lucro, cuáles son contratos de prestación de servicios, cuáles son los contratos que por su valor no admiten selección objetiva. 
Lo que no se debe perder de vista es que la ley de contratación y el SECOP son los que agrupan esta diversidad de contratos bajo la misma categoría directa. Así que generalizar en los contratos directos no es una jugada tendenciosa de veedores malquerientes o sesgados, sino el seguimiento de una clasificación legal.
Ahora bien, como tercer punto, diferenciar el tipo de contratos directos no exime de que esta modalidad deba mantenerse como la excepción. Esto se vuelve un reto, pues si hay contratos directos indispensables, la obligación es evitar los que no lo son. Se trata incluso de un principio en la lucha contra la corrupción. No es porque se crea que un contrato directo sea corrupto, sino porque cada contrato directo genera más riesgo de que los corruptos aprovechen. Es decir, cada alerta que se le envía al Alcalde y al Gobernador no es una acusación sino un llamado para que expliquen y corrijan, cada alerta que se le envía a una entidad de control no es para que condene, sino para que ponga el foco en ese lugar.
El Alcalde estuvo muy claro al precisar los contratos interadministrativos, así como los contratos con gremios, universidades y entidades sin ánimo de lucro que hacen atención social; si estos tienen estudios previos suficientes y objetos ajustados a lo permitido, pueden ser justificables y necesarios. 
Sin embargo, pasó muy rápido por la contratación de personal con prestación de servicios, que si bien no es de un alto valor, sí es de una alta cantidad en número de contratos. Por lo mismo, se trata de una situación que podría estar abriéndole la puerta al clientelismo. Si tuviéramos una discusión más serena sobre este asunto, podríamos llegar a evaluar si en realidad nuestras plantas de personal son suficientes o no.
El Alcalde también pasó por alto esos casos es lo que se contrata entidades sin ánimo de lucro para desarrollar actividades comerciales que podrían licitarse, ahí están los ejemplos en el sector de cultura y turismo. Tampoco hizo énfasis en la contratación de publicidad y de pauta con medios de comunicación, que si bien puede adecuarse a los requerimientos de la contratación directa, ya para el 2017 se había registrado un aumento de más del 100%.
Finalmente. No le queda bien a la máxima autoridad de la ciudad desautorizar la información del Procurador General, mucho menos con el argumento de que alguien externo le manipuló sus datos oficiales o su discurso.
De los contratos directos siempre es mejor hablar. Pero para hablar se necesita escuchar.