A propósito de la reciente reclamación de rectores, docentes y estudiantes de las universidades públicas del país sobre la necesidad de aplicar nuevos recursos que hagan viables las funciones misionales de la educación superior en Colombia, deseo aportar algunas reflexiones que, considero, alimentan el debate y fortalecen la discusión.
Es indudable que la educación superior en Colombia requiere la inyección de más recursos y, por supuesto, de una mejor participación en el Producto Interno Bruto (PIB), al igual que sucede con la educación básica y media. La desfinanciación de la educación en Colombia se convierte en el principal medio de privatización, ya que debilita la calidad de la oferta, y en este escenario las propuestas privadas se hacen muy atractivas, llevando incluso a que las familias hagan sacrificios importantes para sufragar onerosos costos.
Pero quiero detenerme en un elemento que debe ser tenido en cuenta y agregarse a la conversación. Me refiero a la planeación. Como en muchos otros sectores, en educación Colombia es un país que tiene serios y delicados problemas al respecto. Veamos algunas realidades.
Primero, existe una gran cantidad de programas de pregrado para los cuales hay demanda insatisfecha. Segundo, se abren nuevos programas de pregrado y de postgrado obedeciendo a estudios de mercado que las universidades hacen para explorar su viabilidad, mas no a políticas de gobierno que hagan parte de un plan estratégico que desarrolle la universidad pública. Tercero, la oferta académica de las universidades públicas no es acorde con la normatividad oficial, de suerte que, por ejemplo, se oferta un programa de licenciatura en educación física con énfasis en básica primaria, desconociendo que en Colombia la Ley 715 prohibió la asignación de docentes de educación física en dicho nivel. Cuarto, en Colombia se siguen ofertando programas de licenciatura en las universidades y los ciclos complementarios de las escuelas normales superiores, con énfasis en la formación pedagógica, a sabiendas de que el ingreso a la carrera docente no pondera ni siquiera como un requisito dicha formación, mientras que los profesionales en áreas diferentes ingresan con iguales beneficios.
Los anteriores son apenas unos pocos ejemplos que dan cuenta de la falta de planeación en el sistema educativo colombiano en todos los niveles. Y por supuesto eso trae consigo consecuencias perversas en el campo de la Hacienda pública en materia de gasto social. ¿Qué pasa cuando un profesional no consigue empleo y tiene que dedicarse al “rebusque” para garantizar su manutención y la de su familia? Sencillamente hay que decir que es un “rebuscador” calificado, profesional, y que la inversión que él y el Estado han hecho en su cualificación y formación se ha quedado sin retorno y sin afectación positiva del PIB. 
Imagínense ustedes que las cifras son astronómicas si tenemos en cuenta que esta es la realidad de millones de colombianos que después de grandes esfuerzos económicos, académicos y familiares, logran titularse en programas de pregrado y hasta de postgrado y nunca alcanzan la oportunidad de desempeñarse en las áreas para las cuales se prepararon; hoy se desempañan en oficios muy dignos, pero que hacen negativa la tasa de retorno de la inversión. Y eso que hasta acá solo hemos hablado de los ya graduados. ¿Qué decir de la cantidad de estudiantes que desertan de programas de pregrado y los abandonan a medio camino?
Considero que al igual que la escasez de los recursos para la educación pública, también debería hablarse de la urgencia de implementar efectivas estrategias de planificación del desarrollo de la educación superior en el país.