El geógrafo Jordi Borja sostiene que la ciudad es la gente en la calle. Antes de los edificios y las vías, de acuerdo a Borja, lo primero y más importante en las ciudades son las plazas, las calles y los espacios públicos porque en estos sitios es donde se desarrolla la vida en comunidad y la ciudadanía.

En Manizales, el panorama del espacio público y por ende de uno de los indicadores relevantes para medir la calidad de vida, es de estancamiento y franco retroceso. El rezago se demuestra en la deuda de 8 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante: la ciudad apenas ofrece 6,7 metros cuadrados por ciudadano mientras el índice óptimo establecido por la Organización Mundial de la Salud habla de 15 metros cuadrados por persona.

Lo más preocupante es que bajo la actual administración municipal las decisiones respecto al espacio público no han sido fruto de lo acordado en una política o de lo proyectado en un plan maestro, sino que se han basado en criterios altamente cuestionables. El favorecimiento a amigos de la administración, el ánimo de lucro sin regulación efectiva y la delegación de funciones públicas a aliados políticos son, entre otros, los principios que han orientado las acciones de la Alcaldía frente a este fenómeno.

Contrasta el afán de la administración municipal en cobrarles a los comerciantes un inconveniente e ilegal impuesto por el aprovechamiento de jardines y terrazas, con la frescura que tuvieron al entregar el espacio público de la Plazoleta del Cable sin cobrar “ni un solo peso”, según manifestó el secretario de Ambiente, Ricardo Gallo. Mientras a los primeros se les dice que las opciones son el pago del tributo o la demolición, a los segundos les entregaron espacios gratuitamente por ser amigos del Alcalde, según también confesó Gallo. Cabe aclarar que plazoletas como la del Cable hacen parte del espacio público efectivo de la ciudad, sin embargo, las terrazas y los antejardines son bienes privados, que, si bien son parte constitutiva del espacio público, se rigen por otras normas y criterios.

Es particular también que mientras en el Plan de Ordenamiento Territorial de 2017 se permitió el reconocimiento de las escaleras localizadas sobre zonas verdes o antejardines, a los comerciantes no se les planteen mecanismos de regulación o formalización de las construcciones que han desarrollado y que han garantizado una dinámica comercial positiva para la ciudad, sino que se les amenace con su destrucción. Peculiar es también que en el POT se haya ordenado reglamentar el aprovechamiento económico del espacio público pero que el único énfasis de dicha reglamentación haya sido obtener mayores recursos y no administrar adecuadamente los escenarios colectivos. Una cosa se dice y se proyecta en el POT, pero otra es la que planea y ejecuta la administración.

No se nos puede olvidar que esta Alcaldía fue la que en 2017 adjudicó el contrato de Zonas Azules a una multinacional cuestionada e involucrada en los Papeles de Panamá. La nueva concesión, entregada sin la realización de estudios previos serios, no ha buscado garantizar el uso adecuado de las vías públicas, por el contrario, se ha basado en garantizarle ganancias a un privado. El aumento en la tarifa, el incremento de la duración de la concesión y la disminución de las obligaciones del operador le han garantizado a la empresa un incremento del 35% en sus utilidades respecto al concesionario anterior.

Mención aparte merece el comercio informal debido a la complejidad de un fenómeno que se desarrolla por la falta de oportunidades laborales del país. Los comerciantes, además de que no han sido convocados para acordar los espacios en los cuales pueden y deben realizar su actividad, han sido víctimas de funcionarios públicos que al parecer controlan zonas enteras de la ciudad y deciden quiénes pueden estar en determinados sectores y quiénes no.

Lo penoso de todo esto es que la percepción de muchos es que los tumbos de la administración respecto al espacio público no responden a mala planeación o a errores de sus funcionarios. La falta de políticas a largo plazo con objetivos consensuados, financiación adecuada e instituciones con obligaciones claras, genera oportunidades de negocio para unos pocos, a pesar de que a la mayoría se le nieguen derechos básicos.

Hay que insistir en el establecimiento de un Plan Maestro de Espacio Público con proyección a futuro porque uno de los primeros derechos que debemos reclamar los manizaleños es el derecho a la ciudad.