Muchas cosas están cambiando en Colombia. En 2018, los resultados de las elecciones a Congreso y Presidencia, y de la Consulta Anticorrupción, demostraron que, pese a que los grupos tradicionales se siguen aferrando al poder y a las prácticas corruptas, hay avances en la participación, representación e incidencia de la ciudadanía.
Una de las grandes manifestaciones de ese mayor grado de autonomía y compromiso se manifestó en un paro universitario que tuvo actividades ininterrumpidas por 4 meses e impulsó movilizaciones pacíficas hasta mediados de diciembre del año pasado. Algo inédito desde el éxito que tuvo la MANE en 2011 contra la reforma privatizadora de Santos. 
La movilización de estudiantes y profesores fue precedida por el anuncio de inviabilidad financiera de 26 de las 32 universidades públicas, la precaria situación en infraestructura e inversión, el alto costo de matrículas en algunas instituciones y los anuncios de continuidad de la política educativa por parte del presidente Duque, cuyo único mérito para definir los lineamientos del sector es ser el protegido de Uribe. 
A pesar de que Duque aplicó el mismo libreto de sus predecesores frente a las movilizaciones sociales, consistente en negar la crisis, cuestionar las peticiones, atacar a los manifestantes y buscar acuerdos con quienes no estaban en paro, la fuerza del movimiento fue tal que lo obligó a llegar a un acuerdo en vísperas de la Navidad. Su terquedad, sin embargo, le pasó cuenta de cobro ya que su impopularidad es la más alta de las últimas décadas para un presidente al inicio de su mandato.
La batalla por descongelar los recursos para educación superior y lograr mayor financiación para las instituciones públicas tuvo un éxito absoluto: los estudiantes y profesores obtuvieron $5,8 billones de pesos adicionales hasta el año 2022. La base presupuestal, que es la distribución fija anual para las 32 universidades públicas, pasará en este cuatrienio de $3,2 billones a cerca de $3,8 billones, logrando el crecimiento más importante de las últimas décadas. Colciencias contará con $1 billón adicional, se ampliarán las becas doctorales, a inversión irán $1,25 billones y se ampliará el apoyo del gobierno central para el pago de pasivos pensionales. Los acuerdos tendrán una mesa de seguimiento en la que además de vigilar lo pactado se discutirán la reforma de la ley 30, el Icetex y el Sistema General de Regalías, y desde la cual se hará veeduría al derecho a la protesta y movilización social. 
Los estudiantes y profesores se ganaron el cariño, la atención y el respeto de la ciudadanía. Las marchas pacíficas, los argumentos de sus voceros, la forma en que asumieron la negociación con el gobierno y el temple que los llevó a continuar con la puerta abierta al diálogo a pesar de los atropellos de la fuerza pública en las últimas movilizaciones, merecen el reconocimiento de todos los colombianos. 
De los profesores y estudiantes, pero también del resto de ciudadanos preocupados por el futuro de la educación, dependerá que lo pactado se lleve a la práctica. Estos gobiernos ya nos han acostumbrado a que primero hay que hacer un paro para que escuchen, otro para que negocien y otro para que cumplan lo acordado. 
Por haber posicionado el debate sobre la financiación de la educación pública y haber demostrado que es uno de los aspectos que nos deben unir como sociedad, los profesores y estudiantes son los personajes de 2018.
En nombre de esta y las generaciones venideras: mil y mil gracias.
Coletilla: dos noticias marcaron el final de 2018: la partida del maestro mío y de muchos, Fernando Cantor, y la ratificación de la condena a Ferney Tapasco por el asesinato de Orlando Sierra. Que la memoria de Fernando y la obtención de justicia sean alicientes para este 2019.