El reciente informe de la Contraloría General de Manizales sobre el Cable Aéreo de Manizales ratifica que en esta entidad pública se ha perpetuado un carrusel de irregularidades. En la auditoría integral se realizaron 25 hallazgos, que se suman a los 4 de la auditoria exprés de inicios de 2018 y a las más de 1.200 observaciones de la revisoría fiscal entre 2016 y 2018.

El hecho más grave reseñado en el informe del ente de control tiene que ver con el establecimiento de una posible nómina paralela en el Cable Aéreo. La Contraloría evidenció que el gerente de la entidad prorrogó el contrato de 28 funcionarios que fueron vinculados solo para los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018. Pese a que el Consejo Directivo de la entidad autorizó la contratación del nuevo personal solo por Navidad y ferias, el directivo ha mantenido a la mayoría de personas en estos cargos hasta la actualidad. Los trabajadores fueron ubicados en labores que no están estipuladas en el manual de funciones de la entidad, es decir, en cargos inexistentes, lo cual se puede constituir en una falta disciplinaria grave que debería acarrear sanciones prontas y efectivas.

Los hechos contenidos en estos informes y otros denunciados por organizaciones civiles propiciaron que la Fiscalía General de la Nación iniciara un proceso por presunto peculado por apropiación, situación que me fue informada a raíz de una denuncia de la Corporación Cívica de Caldas y Manizales En Común.

A este rosario de irregularidades, se suman otras actividades con altos visos de ilegalidad, que aún no han sido objeto de investigación por parte de los entes de control y judicialización, lo cual permite pensar que estamos apenas ante la punta del iceberg de la corrupción en esta entidad.

El contrato 58 de 2018, cuyo objeto es, entre otras labores, realizar un procedimiento denominado torqueo, consistente en la revisión y tensión de los tornillos de las 13 pilonas del cable, fue otorgado a una empresa que no acreditó experiencia en esta área en su oferta económica y que no está autorizada por la firma constructora del sistema, la europea Leitner. El hecho es sospechoso ya que en los estudios previos para contratar estas actividades en el Cable Aéreo de Cali (administrado por el de Manizales), se exige siempre que el proceso sea desarrollado por una compañía avalada por el fabricante, requisito que desapareció del proceso contractual local. La falta de experiencia del contratista podría constatarse ya que a pesar de que el torqueo debía completarse en agosto de este año, al parecer el procedimiento nunca se realizó. Esto podría poner en peligro a los usuarios al tratarse de una operación que busca garantizar la seguridad del sistema y los viajeros.

Otro contrato dudoso es el 72 de 2018, realizado para suministrar la dotación del personal. Este se realizó por el doble del valor usual, cuyo promedio había sido cercano a los 30 millones de pesos. Pese a tener un valor de 60 millones de pesos, en el contrato no se indican las cantidades exactas de camisas, pantalones, chaquetas y otros elementos a adquirir, lo cual contraría las experiencias anteriores en las que siempre se han especificado las cantidades precisas por cada prenda.

La preocupante situación del Cable Aéreo de Manizales se agrava por la falta de firmeza de la Contraloría de Manizales, que engaveta hallazgos en sus informes y no pasa de enunciar hechos, y debido a la desidia del alcalde que no ha tomado decisiones para enderezar el camino de la asociación.

No sería extraño que el marchitamiento de la entidad se mantenga para buscar su privatización y que las irregularidades sean usadas como excusa para entregarle el cable a un particular. Exhibir a los privados como la tabla de salvación de las instituciones públicas en las que hay corrupción ha sido una de las fórmulas predilectas para hacer del patrimonio común un negocio de unos pocos.

En la recuperación del Cable Aéreo no se pueden aceptar ni la corrupción ni la privatización.

Coletilla. Un saludo de apoyo a Juan Carlos Yepes, profesor y amigo que se encuentra en ayuno voluntario. El gobierno debe escucharlo a él y a los millones de ciudadanos que exigimos financiación estatal adecuada para la educación pública.