El plazo para que los sectores económicos del país se acojan al sistema de facturación electrónica venció este primero de noviembre. El Gobierno espera que con esta medida a cargo de la Dian, se avance en la modernización de las finanzas, haya un mayor control y se pueda incrementar el recaudo de impuestos, algo muy útil ante la crisis por la pandemia.

Sin embargo, mientras las grandes empresas están preparadas para este reto, existen muchos pequeños comerciantes, profesionales independientes, informales y personas que viven en las zonas más apartadas, que presentan serias dificultades para llevarlo a cabo, pues no han dado el salto digital y realizan todavía sus procesos de forma manual.

Una buena parte de nuestros campesinos viven en medio de limitaciones que no les permite estar en condiciones para asumir procesos tecnológicos como la facturación electrónica. Por ejemplo, según la Federación de Cafeteros el 82% de los caficultores hacen parte del régimen subsidiado de salud, 50% tienen menos de una hectárea y el 75% de los hogares cafeteros vive en la zona rural dispersa, sin contar que muchos tienen bajo nivel de escolaridad.

Además, si bien desde el Estado se han hecho grandes avances para mejorar el acceso a internet de los colombianos, todavía estamos muy lejos de conseguir ese propósito. Un estudio del ‘Índice de calidad de vida digital 2020’ realizado en 85 países, reveló que Colombia ocupa en acceso a estas plataformas, el puesto 83.

Por eso propongo que desde el Gobierno se establezca un enfoque diferencial en este proceso de modernización, por medio de unos plazos en su implementación que consulten la realidad de un país caracterizado por profundas desigualdades. Antes que exigir un proceso tecnológico a comunidades que están desconectadas del desarrollo, hay que trabajar en programas para llevarles esa conexión digital, pero además, programas de apoyo a las MiPymes, profesionales independientes e informales, a través de los cuales reciban formación y capital semilla.

Esto permite que se formalicen, crezcan sus iniciativas y generen más empleo. Igualmente, apoyar a nuestros campesinos con la construcción de vías terciarias, así como con políticas para acompañarlos en el fortalecimiento de toda la cadena productiva e incrementando su producción y la calidad de sus productos.

De otra parte, no hay razón para que la Dian embargue las cuentas bancarias a las MiPymes porque no se han puesto al día con sus obligaciones en la pandemia ¿Cómo lo van a hacer si estaban cerrados?

La modernización de los Estados es un camino válido y necesario, pero este se debe lograr escuchando a las comunidades en las regiones, para entender su realidad y apoyarlos para que el tren del desarrollo no los deje en el olvido.