La noticia de la semana ha sido, sin duda, “la fuga” de Santrich. Estaba previsto que si alguien que había recobrado la libertad, por la no oportuna entrega de pruebas que tenía el organismo encargado de seguirle los pasos a su actividad, fuera llamado por la Corte Suprema a indagatoria. Por esa no entrega de las pruebas que supuestamente tenía, entregadas por el gobierno que lo reclamaba en extradición, la JEP actuando en derecho decidió su libertad, para que con ella pudiera ser congresista.
Pero súbitamente, sin que los componentes de su esquema de seguridad se dieran cuenta, el cuestionado personaje desapareció del mapa y se desconoce hoy su paradero, aunque organismos de seguridad, afirman que está en Venezuela. No fue un error de la JEP. Fue un craso error del exfiscal Néstor Humberto Martínez, que no le dio importancia al requerimiento que le hiciera la JEP, para demostrar que seguía delinquiendo después de firmado el acuerdo de paz y que establecía una fecha exacta, como límite para poder ser beneficiario de los acuerdos establecidos en las negociaciones de La Habana.
El caso de este individuo ha polarizado a la opinión pública y ha ocupado todos los medios de comunicación, para que muchos traten de acorralar a la JEP, en apoyo a los pronunciamientos de un grupo político interesado en acabar con el ordenamiento jurídico en Colombia, haciendo primar lo que llaman con eufemismos “Estado de Opinión”, sobre el Estado de Derecho. Colombia no puede seguir en esta encrucijada, que seguramente será plato fuerte para las próximas elecciones. Es la politización de un caso jurídico, para obtener beneficios a los que por las vías constitucionales no han podido acceder, malgastando y causando heridas irreparables a la administración de justicia, interesados en salirse por la tangente, con la parábola judicial.
No es buen ejemplo para nuestra sociedad que eso pase. No es aceptable que alguien que se acogió al proceso de paz, termine burlándose de las instituciones, desaparezca sin dejar rastro y aumente la incertidumbre y polarización a que hemos llegado. En estricta ley, si el actor llamado a indagatoria no tuviera problemas legales, no habría eludido la acción de la justicia, ni habría creado esta situación que hoy divide a Colombia, dándole gusto a los que manejan la política como un fortín, que tienen a la justicia como a una cenicienta, a la cual pueden desacreditar a diario, para alterar el orden y llamar a una especie de “insurrección” en su contra, que la quieren acorralar a como dé lugar, como si fuera ella y no los corruptos que nos gobiernan, la responsable de este desbarajuste institucional en que vivimos.
Los esfuerzos por alcanzar la paz han sido lastimados con artera intensión y con sevicia sin precedentes, para demostrarnos que es mejor continuar viviendo en un país que tiene en la guerra uno de sus mas fructíferos y prósperos negocios, esos de los que dependen muchos colombianos, que estarían en la sin salida y sin posibilidades mayores de trabajo, si como país, nos hubiéramos sentado todos a respaldar el más difícil, menos productivo, pero mucho mejor negocio de la paz. Porque no importa cuántas veces se tenga que decir: una mala paz es mejor que una guerra perfecta.
Santrich se ha burlado de la justicia; pero con esa burla no solo está evadiendo su responsabilidad, para demostrar su supuesta inocencia, sino que nos deja en situación precaria de confiabilidad, le da un golpe artero a la JEP, alimenta la gula insaciable de los que quieren la guerra y pone en riesgo los cimientos sobre los cuales, con bastante trabajo y con no pocos “sapos” que nos tuvimos que tragar, se inició el camino de la reconciliación, como eje fundamental, alrededor del cual gire la Nación.
Si seguimos alimentando esta desigualdad que padecemos, estamos haciendo realidad ese escalofriante mundo de: “Colombia no futuro”.