“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía”. Simón Bolívar, Congreso de Angostura, 1819.
Dejemos por ahora quieto a Marín, para hablar de un tema que hoy es centro de todos los intereses en Colombia.
Dice la Constitución del 91 –CN-, en el Artículo 1.: “Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entes territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
 Eso suena como una estrofa bien hilvanada, pensada y mejor escrita, pero que no se cumple. Los políticos han demostrado, que el “Estado de Derecho”, puede lograr ser reemplazado por el “Estado de Opinión”, solo para favorecer a los que han accedido a los puestos de poder, para hacer lo que quieren, sin contar con la aceptación explicita de los ciudadanos, que son la razón de ser de este país, lleno de apátridas, indolentes, delincuentes de todos los estratos y categorías, sin que eso les importe.
 Somos testigos de los desafueros cometidos desde la rama ejecutiva, aunada a la legislativa y ahora unida a la judicial, para acabar con la independencia de los tres poderes, que, en cualquier país civilizado, serían contrapeso. Aquí no. Estamos asistiendo a la representación de una farsa en la cual, el que fue elegido con no pocas trampas, ocupa la primera magistratura, es el que terna a los que van a ser sus jueces. Sus amigos en el parlamento, deciden quienes le harán control y quienes tendrán la capacidad para investigar y sancionar, cuando se burlan las leyes, esas que están claramente determinadas en la función de los empleados públicos.
 Los fines esenciales del Estado son incumplidos cuando se sirven de ellos, pero no le sirven a la comunidad. Promueven la prosperidad de minorías y excluyen de ella a las mayorías sometidas a la pobreza y al abandono de un Estado ineficiente con sus ciudadanos.
Y es mucho más evidente que se viola la finalidad del Estado, cuando la CN dice que: “… las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Aquí lo que se hace es contrario a la razón y al ordenamiento Constitucional. La vida no se protege efectivamente y cuando perdida en forma criminal o forzada, creen que con frases de cajón están cumpliendo una obligación por la que tiene que responder el Estado.
Pero además pisan la CN, cuando permiten actividades que deterioran el medio ambiente, entregan por nada nuestros recursos naturales, sin preocuparse por cumplir con el Artículo 8. Que dice: “Es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. Dañan ecosistemas con la extracción de minería, gas y petróleo. Destruyen con los monocultivos, la ganadería extensiva; la pérdida de los humedales; la construcción sin control; la canalización del agua; el turismo sin límites que todo lo daña. A eso sumemos los megaproyectos: “hidroeléctricas, represas, líneas de energía y vías”, que alteran por completo la conservación de nuestros recursos.
Mientras eso pasa y solo van 3 de los 8 primeros artículos de la CN, el país, asiste al espectáculo de un Estado que viola todo para defender a un solo individuo que se creía intocable.
Estamos ante la realidad de los poderes unidos, para ejercer una solapada tiranía. No podemos permitirlo.