¿Para qué sirven los entes de control que tenemos en Colombia? ¿Cuál es el verdadero alcance de las investigaciones, que tienen a su cargo la Procuraduría (PGN), la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo? ¿Le sirven en verdad a Colombia? ¿Tienen alguna relación con la política? ¿Son poderes independientes, o se intercambian favores con los muchos corruptos que tienen el mando político? ¿Cumplen su función con transparencia y legalidad? ¿Acaso están al servicio de los que tienen el poder y los grupos económicos? ¿Tiene límites éticos? ¿Tienen dignidad y son transparentes? ¿Se intercambian favores? ¿Hacen nombramientos cruzados entre los parientes y familiares de los que llegan a esas posiciones?

Hablar de la corrupción en Colombia se ha convertido en tiempo perdido. Además es un ejercicio ciudadano que pone en peligro al que lo haga, en un país en el que la vida no vale nada y por supuesto la muerte vale menos. Los corruptos y la corrupción campean orondas y placidas por todas partes, sin que veamos acciones reales para combatirla. Los escándalos se hacen con naderías y pequeñeces, con las que se logran esconder los grandes actos de corrupción, para que pasen sin pena pero con gloria al rincón del olvido, donde nadie se preocupará por ellos.

Y es en esa Colombia desfigurada en la que nos toca vivir, solo porque no nos levantamos para oponernos, como lo hacen en países dignos, los ciudadanos que entienden que el poder emana de ellos, les pertenece a ellos y no pueden dejarlo manosear por los inescrupulosos que obtienen lucro indigno con lo que pertenece a otros.

No sé cuándo, pero espero que lejano no esté el día en el que los corruptos sean sancionados, sometidos a la picota pública y quedar impedidos para ejercer cargos públicos de por vida. No hacerlo, nos deja en un laberinto sin salida, en el que solo tienen futuro los corruptos, los malversadores de los recursos públicos, los delincuentes de cuello blanco que campean orondos por nuestra geografía, haciendo alarde de su poder y de su impunidad.

En Caldas no somos ajenos a esos devaneos grotescos del poder al servicio de grupos privilegiados que se lo han apropiado sin que nadie pueda frenarlos. La corrupción vuelve añicos la esperanza de los ciudadanos que se ven sometidos a los desvaríos de la clase dirigente.

La Industria Licorera de Caldas es una empresa que ha sido un pilar en este departamento. Aunque sea una desgracia para un pueblo digno tener que hacer depender la educación y la salud de los consumidores de alcohol. Según el último informe de su gerente, Luis Roberto Rivas, los resultados son mucho mejores de lo esperado. El “principito” parece tener intereses más grandes que los de esa gerencia. ¿No pensaba hacer una auditoría Mario Castaño para tratar de demostrar que las cifras podían estar maquilladas y no corresponder a la realidad?

Sin embargo, el que tenía la idea de hacer pública la realidad, sin razón alguna, se quedó quieto y nada hizo. ¿El objetivo final será vender la Licorera a un particular? ¿Puede un particular manejar una empresa de propiedad exclusiva del Estado? Si eso pasara, se perdería la empresa más importante del Departamento.

¿Octavio Cardona como exalcalde; Mario Alberto Castaño, Jorge Enrique Robledo, Juan Felipe Lemos, Erwin Arias, Félix Alejandro Chica, Luis Fernando Gómez, José Luis Correa, Óscar Tulio Lizcano, Abel David Jaramillo y Carlos Felipe Mejía, como congresistas, ¿no se opondrían a ese negocio truculento, si fuese cierto? ¿A Ómar Yepes, a Luis Guillermo Giraldo no los moverá el interés de la comarca para defenderla?

El tiempo dirá cuáles son los intereses, cuáles los interesados y quiénes se opondrían a ese negocio perverso contra el Departamento.