El proceso de descentralización que ha adelantado Colombia en lo corrido del siglo, ha pretendido cumplir con uno de los propósitos de la Constitución de 1991: el de consolidar a Colombia como una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. La situación de hoy comparada con la existente en su momento, muestra un cambio significativo: mientras en el nivel nacional, la estructura de gobierno se ha especializado en la orientación y coordinación general, en el manejo macroeconómico y en generar condiciones para la provisión de bienes y servicios de impacto general; contrariamente los entes territoriales responden por la prestación de servicios públicos locales, y en temas como educación y salud.
Así y todo, en un contexto histórico, la relación que tiene la descentralización con la autonomía de las entidades territoriales, y en general de las regiones, continúa reflejando precariedad normativa para garantizar una asignación coherente entre funciones y recursos, razón por la cual se requiere una reestructuración institucional, que supere las barreras del proceso colombiano y entregue instrumentos para la formación en competencias sobre el autogobierno territorial, legislando con tres propósitos: prevenir la improvisación institucional estableciendo criterios técnicos y racionales para el manejo de las estructuras administrativas; alcanzar el desarrollo institucional requerido para generar rentas e ingresos fiscales; y hacer de los municipios entes eficientes y eficaces como principio de la descentralización.
Y a pesar de que a nivel latinoamericano Colombia se destaca por su proceso descentralizador, enfrenta problemas estructurales como el persistente déficit fiscal de la Nación, la ausencia de control ciudadano para enfrentar la corrupción en el manejo de recursos públicos de inversión, y los precarios logros de la asociatividad territorial con la concurrencia entre entes territoriales del orden municipal y departamental, en proyectos de desarrollo suprarregional; aspectos estos que permiten concluir que, tanto en los departamentos como en los municipios, si no se  aplican los principios de la función administrativa: “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”, es porque el Estado colombiano está afectado por una severa pereza fiscal, y también el gasto público está mal estructurado.
Partiendo de la tesis de que la descentralización, además de la autonomía territorial como complemento, requiere de la apropiación social del territorio para garantizar la participación de la sociedad civil, también habrá que reducir la dependencia de los recursos centrales, permitiendo que los entes territoriales puedan acceder a mecanismos que generen rentas y provean más ingresos propios. Si bien, en favor de la centralización estaría la tesis de una mayor eficacia en la distribución del ingreso interjurisdiccional, y de una supuesta eficiencia de la función pública, al desdibujarse la localización del poder en el espacio institucional más próximo al ciudadano, contrariamente con ella, al perderse la autonomía, se estaría diluyendo el empoderamiento local como sinónimo del poder democrático.
Si en el país se logra una descentralización con autonomía regional, concibiendo adecuadamente las regiones, se podrán aliviar cinco grandes brechas estructurales del desarrollo, así: 1- En productividad e innovación, entre unidades productivas por ineficiencia dinámica y entre regiones. 2- En infraestructura, por gasto público insuficiente e ineficiente, y en especial por falta de integración territorial. 3- En fiscalidad, como factor que impide la reducción de la pobreza y la desigualdad, y corrige la distribución del ingreso. 4- De bienes públicos, por la precaria inversión pública y limitaciones fiscales. 5- De ingreso y pobreza, por factores multidimensionales que interfieren en el nivel de bienestar, y en problemas de productividad, desigualdad, educación y de género, entre otros.
Finalmente, entre los desafíos que deberá enfrentar nuestra planificación, está el de estructurar un nuevo ordenamiento territorial que permita, a mediano y largo plazo, resolver el nivel de heterogeneidad territorial de Colombia y dar cumplimiento a la Agenda 2030 sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, pasando del enfoque centralista, al de regiones coherentes entendiendo cada territorio como un constructo cultural; ya que si a pesar de los avances, continuamos como uno de los países con mayor desigualdad territorial, es porque no hemos desarrollado los instrumentos de ley, para hacer de la autonomía regional consagrada en la Carta Constitucional, la estrategia que permita transformar nuestras ventajas geográficas, naturales culturales y territoriales, en la mayor fortaleza de Colombia.