Cualquiera podría pensar que el presidente Duque tiene mala suerte: en el pico de su gobierno le llega el pico de la pandemia y encima el pico de una crisis que se viene cocinando hace varios años, y que tiene hoy en detención domiciliaria a su mentor y jefe, Álvaro Uribe.
Condiciones tan difíciles al arribar a la mitad de su mandato, no se las imaginaba él ni nadie. Y tampoco que se le presentarían tremendas oportunidades para destacarse como el líder que acude preparado y con solvencia a su gran cita con la historia: ya lo dijo Churchill, “nadie desaprovecha una buena crisis”.
Si uno fuera a apresurar un diagnóstico del estado de cosas en que nos han encontrado estas crisis, diría que, en lo esencial, nos han pillado en estado de crispación y profunda polarización. Si los llamados a la unidad nacional contenidos en el discurso de posesión del presidente hubieran tenido efectivo desarrollo, otra sería la atmósfera que estuviéramos respirando en estos momentos.
En una extraña visión del Estado y de las relaciones con los otros órganos del poder público en especial con el Congreso, el presidente soslayó la importancia de encontrar puntos de encuentro con los partidos políticos allí representados y en vez de recoger, agregar y transar intereses alrededor de los grandes problemas nacionales, se empeñó en conseguir propósitos que profundizaron la crispación, como en el caso de su malograda reforma a la JEP que de paso dinamitó la esperanza de convocar a los colombianos en torno a un apoyo más consistente a los Acuerdos de La Habana.
Un elemento común se ha identificado en todos aquellos países del mundo que han logrado superar con rapidez y eficacia la crisis de la pandemia. Ese elemento común es la unidad, el consenso, la organización de los acuerdos para la cooperación, liderados por los jefes de estado o de gobierno. Así ha sido en Finlandia, en Singapur, en Nueva Zelandia, en Alemania, en Corea del Norte, por ejemplo.
La organización de la cooperación se hizo con las autoridades locales y regionales, con la oposición política, con la comunidad científica y académica, con los funcionarios de la sanidad pública, con los sindicatos, con los distintos sectores sociales empezando por los niños y los educadores.
El año pasado para Iván Duque fue también muy crítico: masivas movilizaciones y protestas fueron el vehículo que utilizaron sobre todo jóvenes universitarios y organizaciones sindicales para expresar su rechazo al gobierno y reivindicar soluciones en materia de medio ambiente, paz, educación, condiciones laborales y derechos humanos, entre otras. Cuando llegó la pandemia, se apagaron las voces y una etérea conversación nacional se diluyó por falta de liderazgo del gobierno y su incapacidad para organizar un gran acuerdo.
La aparición de la pandemia significó para el presidente una gran oportunidad de liderar el gran consenso: lo que logró fue apenas alguna mejoría de su maltrecha imagen, que dilapidó en medio de una equivocada decisión de autorizar al Congreso, cuando no podía, a sesionar de manera virtual, y empujar una ley de cadena perpetua para violadores de niños que en nada contribuiría a superar la crisis del momento y que era, y es muy discutible, en la perspectiva de una adecuada política criminal. Otra oportunidad que perdió el presidente para organizar un acuerdo.
El martes de esta semana conoció Colombia la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de enviar a detención domiciliaria al expresidente Uribe. Naturalmente la noticia conmocionó al país: Uribe es el dirigente político más importante de Colombia en los últimos 20 años. Un hecho de esta magnitud desató como era natural un gran debate cuya consecuencia inevitable sería la profundización de la crispación. Frente a la magnitud del hecho lo que esperábamos era una declaración sensata, reflexiva, equidistante y convocante del presidente de la República. Pero él prefirió decantarse contra la Corte, y cuestionar implícitamente su decisión. Tanto que lo regañó el procurador cuando soltó esta frase inapelable: “Funcionarios públicos deben acatar y no atacar a la justicia.
Menos disociador hubiera sido si simplemente encomienda al senador Uribe a la Virgen de Chiquinquirá.