Hay sobre la Avenida Santander, uno de los espacios públicos más emblemáticos y concurridos de la ciudad, un edificio de vivienda que debe ser demolido, de mantenerse en pie seguirá representando un enorme peligro para los vecinos y ciudadanos que viven o transitan el sector. Las familias que se afincaron en él debieron abandonarlo, la ilusión de habitar un lugar mejor se vio frustrada ante el anuncio de su “inminente” colapso.

El peritazgo realizado por expertos de la Unidad de Gestión del Riesgo del Municipio concluyó que es más viable, incluso económicamente, reducir a escombros la fallida edificación antes que resolver sus problemas de soporte con un reforzamiento estructural. Pero la ilegalidad en que incurrió este edificio a plena luz del día y ante la vista de todos, es solo un ejemplo de lo que pasa a lo largo y ancho del municipio incluido infortunadamente el espacio público, el espacio de todos, que se maneja a voluntad hasta convertirse en el coto de caza del más avivato.

La secuencia es así: primero vienen las normas urbanísticas consignadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, propuestas a la ciudadanía por la Administración y aprobadas por el Concejo Municipal, luego la Curaduría Urbana se encarga de estudiar los proyectos presentados a su consideración que no son todos, con el cuidado y rigor que semejante responsabilidad significa para la ciudad, y allí es justamente donde se rompe la cadena. El control urbano que debería ser el cierre de todo el proceso y que es tan delicado como los eslabones anteriores se deja al cuidado de una “incipiente” y desfinanciada cuadrilla a cargo de la Secretaría de Gobierno, al arbitrio de una inspección de policía que solo reacciona ante la queja interpuesta por un ciudadano, cosa difícil, porque nuestra idiosincrasia lo entiende más como el metido y fastidioso sapo que como un deber cívico, y al supervisor técnico, que debería ser contratado por el promotor del proyecto, quien tiene por encargo velar porque la edificación a su cuidado responda rigurosamente tanto a los diseños aprobados por la Curaduría, como a la normatividad vigente. Esto último tiene de bueno que la supervisión se hace paso a paso, de arriesgado que si no se cuenta con un profesional éticamente solvente se puede estar legitimando el peligro, como lo que pasó con el ejemplo que inicia este artículo.

Los andenes están llamados a ser conectores de la vida en la ciudad, el lugar del encuentro ciudadano, es decir que el significado que tienen para la sociedad es el de ser el espacio por excelencia de la inclusión, no obstante esta elemental pero sustantiva consideración por la falta de control, se dejó en manos de lo que le venga en gana al promotor del proyecto quien tiene el encargo de construir ese pequeño trozo de ciudad para el beneficio de todos.

Este lo “personaliza” a su parecer, las normas al respecto son burladas, me atrevo a decir que en la mayoría de los casos, es como un chip instalado que hace del acceso a los garajes la determinante principal de su intervención, en contra vía del llamado esta vez sí, el ciudadano de a pie, que por estas razones se vuelve el más vulnerable. Lo dicho hasta aquí es fácil de comprobar, lo invito a usted que está leyendo este artículo a dar una caminada por la ciudad, ojalá en compañía de una persona mayor, un niño de brazos, un cochecito, una persona en situación de discapacidad…

A todas estas ¿al alcalde quién lo ronda?, me refiero a que las obras emprendidas por la Administración Municipal o por una de sus empresas como Aguas de Manizales, son las primeras en birlarse las propias normas, en algunos casos es imposible hacer los andenes conforme a fórmula por la alcahuetería represada de muchos años, pero generalmente porque no hay voluntad. El POT se regodea hablando de que la prioridad en relación a la movilidad son los peatones. Demagogia, las últimas obras de espacio público así lo demuestran (continuación del boulevard del Cable hasta el Batallón, la calle 63), en otros casos se “delegó” en los propietarios de los inmuebles la “interventoría” de las obras justo en el frente de sus casas como en la Avenida Lindsay y así sucesivamente, de mal en peor, se salva el boulevard del Cable realizado en la alcaldía de Germán Cardona, a mi juicio es la mejor bibliografía de cómo hacer bien las cosas,… al César lo que es del César..

Leer en estos días en este diario a la secretaria de Medio Ambiente hablar sobre la decisión de la Administración de recuperar el espacio público invadido por la informalidad, suscita el optimismo, sin embargo me permito sugerir como prioridad hacer una juiciosa evaluación del “estado del arte” y diseñar las estrategias necesarias para su recuperación. Esto por supuesto es posible, ya lo han hecho en otras ciudades, como en Bogotá y Medellín logrando que el espacio público sea en realidad un lugar para la gente.