Medio país está afligido por la detención de Álvaro Uribe Vélez, y otro medio está feliz por la misma causa. Por eso es inevitable tocar este tema, pues es un hecho histórico que marca un hito en nuestra vida política.
Lastimosamente hay que admitir que la responsabilidad de lo que hoy sucede con la justicia colombiana, con sus altas cortes, con las injerencias políticas en las decisiones judiciales, y el gran poder de fuerzas oscuras en el curso de los procesos, es de los mismos colombianos que nos dolemos por la detención del senador Uribe. Porque si esa reacción que vemos hoy en las calles de las diferentes ciudades, se hubiera tenido en el momento en que nos usurpaban un plebiscito ganado en franca lid, las cosas serían a otro precio. El poder de la izquierda terrorista no nos estuviera dominando, ni su penetración en las cortes fuera tan enorme y dañino. No tendríamos un Congreso plagado de criminales sentando cátedra de decencia y eligiendo, nominando y dominando magistrados para que fallen como a ellos les place. No tendríamos una justicia arrodillada a los quereres de las Farc, Eln y sus aliados “decentes”.
Lo preocupante entonces no es la medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe Vélez. Esta es una decisión judicial que tenemos que respetar porque creemos en el Estado de derecho. Lo que realmente preocupa es que en Colombia son las cortes quienes legislan, deformando las leyes a su antojo, y poniéndolas al servicio de los criminales de izquierda. Esa izquierda que viene insistiendo e incitando a la desobediencia civil -que no es más que el desconocimiento de las instituciones- pero, cuando sus fallos les son favorables, se solazan con las decisiones de esas mismas instituciones que quieren desconocer. Lo que preocupa es la deformación de la justicia y la arrogancia de las cortes que convirtieron a Colombia en un “Imperio de la Justicia”, donde lo justo no es lo ajustado a la ley, sino lo que complazca a quienes las dominan.
Lo que preocupa, en verdad, es que esa izquierda sabe dónde pone sus fichas (que en este caso son las cortes) y, ante la pasividad y la pusilanimidad de los demás colombianos, están conquistando el poder y desterrando a sus enemigos con argumentos revestidos de legalidad, pero colmados de injusticia. ¿No fue esa misma izquierda, aliada con la mafia (con Petro y el M-19 a la cabeza), la que incendió el Palacio de Justicia, con sus magistrados incluidos, cuando no le jugaban sus cartas y no se prestaban para sus perversidades?
Esta no es una defensa del senador Uribe, pues no creo que la necesite. Es la manifestación de una gran preocupación por la inseguridad jurídica que vivimos en Colombia, pues no impera la ley, sino el poder judicial; la ley no se aplica por su contenido, sino por la calidad del procesado; la ley no es igual para todos, pues las cortes tienen la potestad de aplicarlas con selectividad; la ley no se aplica de manera uniforme ni objetiva, sino de acuerdo con la tendencia política de los magistrados, o sea, del poder detrás de las cortes. Y esto es malo para todos: para el país; para la democracia; para las instituciones; para la economía; y para la sociedad.
Una sola muestra de la parcialidad de la Corte Suprema de Justicia: cuando resuelve dictar orden de captura en contra del terrorista Santrich, argumenta: “…y pese a que en un primer escenario procesal el señor Hernández Solarte atendió las citaciones de las diferentes autoridades judiciales y, en virtud de ello, se le privilegió su derecho fundamental a la libertad; ahora, considerando las nuevas circunstancias, resolvió dictar orden de captura con fines de indagatoria en su contra…”. El senador Uribe ha atendido con plena diligencia todas las citaciones de las diferentes autoridades judiciales, pero, a juicio de la misma corte, a él sí no se le privilegia su derecho fundamental a la libertad. Es decir: para la CSJ el privilegio de los derechos fundamentales solo lo tienen los terroristas. ¡Y eso duele!