De acuerdo con las evidencias que día a día van apareciendo, la JEP es una cloaca de dimensiones extraordinarias. Y si bien su nacimiento y origen es a todas luces espurio y abominable, pues se deriva del desconocimiento del resultado plebiscitario que determinó el No a la farsa de La Habana, la corrupción, el descaro, el cinismo y la pestilencia en todas sus actuaciones la hacen más apestosa aún. 
Las contrataciones que se van destapando con el paso del tiempo, dan cuenta de un carrusel en el que participan sus acérrimos defensores resguardados en la política, los medios de comunicación, los órganos de justicia y las instituciones estatales. Así, vemos cómo la familia Samper, la esposa del senador Cepeda, los defensores de Santrich, los guardianes del gobierno Santos y otros tantos reclamadores de limpias costumbres y adalides de la moral, resultan beneficiados con contratos millonarios, absurdos, desproporcionados y lesivos para las finanzas del país. ¡Y nada pasa, porque hacen parte de esa “izquierda progresista” que, en idioma sencillo y claro, no es más que el grupo de “mamertos” que se duelen con su derrota y pretenden que se gobierne como si hubieran triunfado!
La vergüenza no existe para la JEP. Ante el despliegue de las investigaciones de la Fiscalía donde queda demostrada la filtración de dineros oscuros para dilatar el proceso de Santrich y garantizar su impunidad, solo atina a decir que lo desconoce, o que “fue a sus espaldas”. 
En el transcurso de las negociaciones perversas de La Habana, mientras el gobierno Santos repetía que no habría impunidad; ni curules automáticas para los terroristas; ni participación en política de autores de delitos de lesa humanidad; ni conservación de armas, dineros y rutas del narcotráfico; etc., otros sosteníamos que se trataba de una farsa que ocultaba beneficios absurdos para los delincuentes, en desmedro de la institucionalidad del país. Y el tiempo, infortunadamente, nos dio la razón. 
Porque si el objetivo era obtener verdad, justicia, reparación y no repetición, nada de esto se ha cumplido y, por el contrario, la iniquidad se ha aumentado. No ha habido verdad, pues las escasas audiencias que podrían revelar situaciones, hechos, atentados, delitos y actos terroristas se han llevado a cabo a puerta cerrada, sin presencia de víctimas ni ciudadanía afectada, por lo que se alcanza a presumir, dados los descaros y las afinidades de los magistrados con los procesados, que se han tratado de una especie de tertulias íntimas sin trascendencia alguna. 
Tampoco hay justicia, pues los procesos se llevan a cabo entre pares y en un tribunal que, desde sus primeros pasos, se sabía creado por las Farc, para las Farc y en pro de las Farc. Así lo anunciaron públicamente y con cinismo los cabecillas farianos en repetidas ocasiones, y así fue defendido por sus seguidores que hoy vemos que no son gratuitos.
No puede haber reparación cuando asistimos a la revictimización de cientos de mujeres y niños que claman por que se castiguen los crímenes cometidos en su contra, y solo se encuentran un tribunal acomodado que minimiza las violaciones para otorgar impunidad. Y mucho menos cuando las Farc siguen gozando de inmensas fortunas, protección especial, privilegios desmedidos y mimos del Estado, ante el asombro y la impotencia de quienes han sido vejados y deberían ser reparados.
Y la no repetición queda obviada al ver cómo la JEP se ha esforzado en defender a Santrich, aún a costa de las pruebas que evidencian la comisión de delitos después del plazo establecido en los acuerdos, por lo que debió haber sido extraditado desde hace mucho tiempo. Por el contrario, se está estimulando a los delincuentes amparados en esos acuerdos, con la garantía de su impunidad al ser descubiertos.
Por esto y muchas otras cosas que son del conocimiento público, podemos afirmar que la JEP, desde su origen, es un tribunal promotor de la injusticia y provocador de la peor vergüenza judicial que, antes que generar paz, se convierte en un potente explosivo de desigualdad social y promotor de guerra.