El decreto 637 de mayo 6 de 2020, mediante el cual se declara la emergencia económica, busca expresamente “mitigar la crisis ante la inminente destrucción sistemática de los puestos de trabajo con el impacto negativo que esto conllevaría en la economía, no solo de las familias colombianas, sino de todo el sistema económico colombiano.”. Este decreto le permite al Gobierno adoptar, mediante decretos legislativos, “todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”.
Pues bien, ante una economía paralizada y colmada de necesidades, privaciones, empresas en crisis, establecimientos de comercio e industrias pequeñas y medianas cerradas, y un desempleo peligrosamente creciente y aparentemente imparable, el Gobierno decidió disponer de billonarios recursos para que Bancoldex, Fiduagraria, Findeter y otros bancos de segundo piso ofrecieran soluciones crediticias blandas. Todo esto a través de la banca comercial, como paliativo para aquellos comerciantes, industriales y prestadores de servicios que están pasando por su mayor iliquidez e inminente quiebra empresarial.
¿Y cuál fue el resultado? quedamos en manos de la banca, de su insensibilidad, de su avaricia y de su dictadura económica pues lo que pretende y promete el gobierno, lo frustran y atrancan las entidades financieras; lo que anuncia con bombos y platillos el Presidente en su espacio ya habitual, lo distorsiona y bloquea la banca; las expectativas que genera el gobierno, las cercena el sistema bancario. Es decir, los alivios propuestos y las soluciones planteadas, prometidas y ofrecidas, simplemente no se pueden cumplir por la indolencia de un sistema financiero que vive de los colombianos, de su dinámica, de sus actividades comerciales o industriales, y de las injusticias que el mismo comete a diario en contra de sus clientes.
De ahí que la comisión cuarta del Senado, presidida por el senador Mario Castaño, haya decidido proponerle al Gobierno que esa banca de segundo piso ofrezca directamente a los sectores de impacto (turismo, industria, comercio, mipymes, etc.) los créditos que la banca comercial se niega a ofrecer, y entre a solucionar de inmediato el problema de los comerciantes afectados, a tasas más bajas (trasladándole al usuario, como beneficio, el porcentaje de intermediación que obtendría la banca comercial), y períodos de gracia de 24 meses.
Pero no solo eso: debería el Gobierno crear un impuesto del 1 o 2 por mil de las transacciones bancarias, y a cargo de la banca, para destinarlo a un fondo de donde saldrían los recursos para colocarlos como créditos a los usuarios que esa misma banca ha decidido abandonar. Esta sería una muy buena forma de socializar las utilidades de los bancos y de que el Gobierno se acerque a quienes desempeñan actividades comerciales, industriales y de servicios, y que históricamente han sostenido con sus impuestos y actividades el aparato productivo, la misma banca y el empleo nacional.
Adicionalmente, para nadie es un secreto que esa banca nos somete a diario a unos cobros usureros, descarados, abusivos y tal vez ilegales por concepto de comisiones por transferencias entre cuentas; libretas de ahorros y chequeras; cuotas de manejo de tarjetas; cobros de paz y salvo, certificados y extractos bancarios; retiros de cajeros electrónicos; comisiones por consignaciones a cuentas de otras plazas, etc. Pues que de esos dineros que pagamos a sabiendas de su injustica, perversidad y abuso de posición dominante, mínimo el 50 por ciento se les descuente para engrosar el fondo mencionado, y entre a rotar en la economía, como préstamo comercial de la banca oficial, y fortalezca al empresario, estabilice y aumente la generación de empleo, y sirva de tabla de salvación.
Y si a todo esto le sumamos la aprobación de la nueva ley de Habeas Data, o borrón y cuenta nueva, que hace curso en el Congreso, podríamos estar encontrando una rápida y efectiva solución para esta crisis en la que, de la banca, solo hemos encontrado desprecio, ingratitud y
abusos inmisericordes.