En 1994, autorizado por Incora, Joaquín le vendió su parcela a Víctor, otro campesino de Riosucio, Santander. 17 años después, expedida la Ley 1448, Joaquín decide que vendió presionado, se declara víctima, solicita restitución, el juez la aprueba y el pobre Víctor, ya anciano, es despojado por el Estado que autorizó el negocio.
Es la tragedia de sentencias que tornaron en “opositores” a campesinos “de buena fe”, que les compraron a avivatos devenidos en “víctimas”, por una ley necesaria -siempre lo he dicho-, pero con fisuras que la convirtieron en instrumento de despojo estatal.
No obstante, para Ariel Ávila, “pazólogo”, “violentólogo” y “tierrólogo” del “farcsantismo” no existe la buena fe y Víctor es uno de los “civiles que se quedaron con la tierra despojada”, a quienes la senadora Cabal busca beneficiar en un proyecto que “legaliza el despojo y deja desamparados a campesinos desarraigados”, como el bandido Joaquín.
Así lo afirma en su líbelo -¿Quién despojó la tierra en Colombia?-, con mentiras basadas en un informe de “Forjando Futuros”, otra ONG como “PARES” y su antecesora “Arco Iris”, de Ávila y el exeleno León Valencia, y muchas que aprovecharon las “vacas gordas” en la era Santos, ordeñando la cooperación internacional y los recursos públicos.
Ávila vive de “ordeñar” alimentando estigmas. Entre 2013 y 2016 mantuvo un promedio anual de 50 milloncitos en contratos públicos. Entre 2014 y 2016, la Alcaldía de Santa Marta -Carlos Caicedo, actual gobernador- le dio contratos a PARES por 1.300 millones. En 1918, “Judicial Watch”, fundación contra la corrupción en USA, denunció que Nuevo Arco Iris, PARES y Las Dos Orillas, recibieron al menos un millón de dólares de USAID. Forjando Futuros se precia de cooperación internacional por 5 millones de euros y recursos del estado colombiano por 9 millones de euros más.
Es la rentabilidad de la mentira: Que son 6,5 millones las hectáreas despojadas, afirman, cuando Santos se comprometió a restituir 2,4 que estimaban despojadas. Hoy, después de 10 años y más de dos billones de gasto, la URT reportó 382.755 hectáreas restituidas. Que “las guerrillas” solo despojaron el 16%, cuando el fiscal de la época tasó sus tierras en billones y un informe de El Tiempo (2018), con cifras de la URT, afirmó que “el 44 % de los despojos los hizo las Farc”.
Como Ávila, PARES y Forjando Futuro, son muchas las ONG ordeñadoras. Plata mal gastada mientras se profundiza la pobreza, pues el 54% de las restituciones tiene menos de 5 hectáreas, es decir, pobres detrás de los cuales no hay un paramilitar ni un guerrillero.
Más haría el Gobierno concentrando recursos para dar soluciones a los despojados, excluyendo avivatos y dejando de “cebar” a quienes se dedican al ordeño infame de la ingenua cooperación internacional y de los recursos públicos. ¡No más vagabundería!