La Relatora del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, sin visitar el país ni esperar respuestas oficiales a su cuestionario; desde Suiza y, seguramente, por información de prensa o el lobby de organizaciones sesgadas, hizo acusaciones al gobierno colombiano, que no dudo en tildar de ultraje a la dignidad nacional.

"Instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc…”; acusación gravísima, pues instar a “dejar de hacerlo” implica la certeza de que, efectivamente, lo está haciendo; algo que debería probarse antes de difundirlo con el sello ONU.

Sin averiguar por los esfuerzos del Gobierno para proteger excombatientes, también insta al Gobierno “a cumplir con las garantías otorgadas en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida", y lo acusa de "aparente desprecio de estas garantías”. Acusar al Gobierno de “incitar a la violencia” y “despreciar” la garantía del derecho a la vida, es tildar a Colombia de dictadura y al presidente Duque de sátrapa estilo Maduro.

Para rematar, reclama con arrogancia que “El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz". No tiene idea de lo que se firmó; no sabe que la voluntad popular no aprobó lo firmado y que Santos asaltó la democracia; no sabe que el presidente Duque se comprometió a respetar las garantías a los excombatientes y cumplir el Acuerdo en cuanto sea posible.

Porque tampoco sabe que el Acuerdo fue un cheque en blanco de Santos, imposible frente a las posibilidades presupuestales, pero que sirvió para el Nobel, por supuesto, y para garantizar impunidad a delitos atroces como reclutamiento y abuso sexual de menores, y para el narcotráfico y el lavado de sus activos.

Ante semejante insulto, investigué sobre estos expertos en la página del Consejo, y me encontré con la sorpresa de que “trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual”.

Así que los “expertos” son independientes y apóstoles gratuitos en temas como las “ejecuciones extrajudiciales”; una especie de cazadores internacionales de brujas, que no pertenecen a la ONU y, actuando “a título individual”, decidieron atacar a nuestro país.

Es indignante que la ONU, que conoce los esfuerzos del Gobierno, porque acompaña la implementación del Acuerdo, y no gratis, como sus expertos, sino con contratos por más de 435.000 millones entre 2016 y 2018, para una burocracia internacional tipo “jet set” pagada con nuestros impuestos, permita y respalde tan insultantes e infundadas afirmaciones.

Por muy ONU que sea, y por independientes que sean sus expertos, se impone una rectificación y una pública disculpa a Colombia.