Un buen juez -decíamos en La Voz del Derecho- ejerce su función de manera recta, imparcial, independiente y con arreglo a Derecho. Libre de presiones y lisonjas. Sin objetivos de orden político o económico. Ese talante lo hace respetable.
El Gobierno de los Estados Unidos ha resuelto cancelar la visa a magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, lo cual ha sido visto por las corporaciones judiciales y por un sector de la opinión como una forma de presión sobre aquéllas para que fallen en determinado sentido en asuntos tales como la extradición.
Cada Estado, en virtud de su soberanía, goza de plena autonomía para decidir a quiénes recibe en su territorio y a quiénes no, y por tanto el Gobierno colombiano debe respetar esas decisiones, y no puede obligar a la Embajada norteamericana a expedir o restituir las visas a los magistrados, como algunos se lo han exigido. Ese es un asunto que debe resolver únicamente el Estado que concedió la visa.
Los magistrados, por dignidad, no tienen que adelantar gestiones ni presionar para recobrar sus visas. Ni tampoco es lo indicado que, a manera de protesta, renuncien en bloque a las visas otorgadas, como algunos aconsejan. Con visa o sin visa, ellos únicamente deben preocuparse por ejercer con rectitud e independencia su sagrada función.
“El Departamento de Estado -expresó la Embajada en Comunicado del 12 de mayo- tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa. Todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de Estados Unidos”.
Aunque la Embajada se reservó los motivos para el retiro de las visas, es muy probable que las preocupaciones norteamericanas hayan surgido en relación con posibles compromisos políticos, al menos de una magistrada de la Corte Constitucional, la Dra. Fajardo, a raíz de la particular forma en que fue elegida por el Senado. Como se recordará, uno de los congresistas -el Dr. Benedetti- manifestó públicamente el 30 de mayo de 2017 que si no era ella la elegida, volvería la guerra; que si ella no llegaba a la Corte, “las Farc se pararán de la Mesa”. Con ello -elegida como lo fue-, pusieron en dificultades a la misma candidata.
No vemos en este asunto presión indebida sobre la justicia, y en cambio sí, la necesidad de que los magistrados desempeñen sus funciones constitucionales, sin compromisos con nadie: ni con USA, ni con quienes los postularon o eligieron; ni con expresidentes de la República; ni con el Gobierno; ni con la oposición; ni con partido o movimiento político alguno. Su juramento -prestado al posesionarse- únicamente los liga al cumplimiento de sus deberes; en el caso de la Corte Constitucional, a la defensa de la Carta Política y a la salvaguarda de los principios, derechos, deberes y garantías que ella consagra. Nada más.