El actual comisionado de paz anuncia una propuesta a los grupos armados ilegales, mejor, a su soldadesca, de desmovilizarse voluntariamente a cambio de beneficios jurídicos y económicos. Como es normal en un país donde, al menos en teoría, hay libertad de expresión, ya hay opiniones diversas sobre el particular, unas a favor, otras en contra y unas más escépticas, derrotistas, incrédulas, críticas, parcializadas y, lo peor, politizadas.
El espíritu liberal, de vocación pacifista, declara con entusiasmo: ¡bienvenida la idea!, y buena suerte a los gestores, para que puedan llevarla a feliz término. De parte de liberales genuinos y pacifistas sinceros, habrá apoyo, sin palos en las ruedas del proceso ni recursos leguleyos para obstaculizarlo. Menos, desinformación perversa para impedir su consolidación. Desde ya, los colombianos que aman la paz votarán sí a cualquier consulta, si se presenta. Y si el proceso es exitoso y se reinsertan a la sociedad miles de delincuentes de base, subalternos de criminales organizados para lucrativos negocios ilegales, y éstos se quedan solos y son procesados, bienvenido otro nobel de paz, que celebraremos con alegre música colombiana, proveniente de todos los rincones del país. Y a ninguna persona que tenga nobleza en su corazón, cálidos sentimientos familiares y genuino espíritu pacifista se le ocurrirá cuestionar los méritos del galardonado, sugiriendo que sobornó a alguien para que le colgaran el título. Tratándose del jurado de la Fundación Nobel y de sus majestades los reyes de Suecia, tal insinuación, más que absurda, es estúpida.
Apenas anunciado el contenido del decreto que prepara el Gobierno para adelantar el proceso, ya se preguntan algunos, de mentalidad mezquina y cicatera, cuánto va a costar la subvención económica a los desmovilizados y de dónde va a salir la plata, cuando se enfrentan los elevados costos de combatir la pandemia actual. Esos sujetos, de mentalidad tropezadora y visión que no va más allá de sus narices, desconocen lo que cuesta la acción depredadora de los cultivadores de coca y amapola; las pérdidas que ocasiona la minería ilegal a los pescadores artesanales, por envenenar las aguas que les dan el sustento; el daño que le hace a la institucionalidad democrática la corrupción que alimentan quienes financian campañas políticas; la perversión de los jóvenes que reclutan los mafiosos; la improductividad de las tierras de vocación agrícola abandonadas por los campesinos; la inactividad de los desplazados que se amontonan en los cinturones de miseria de ciudades y poblaciones; y la tranquilidad de las comunidades que viven amenazadas, lejos de la protección del Estado. La paz merece el apoyo de cualquier intento por conseguirla.