Es fácil sucumbir a la emoción en momentos de crisis. Una promesa pasajera, la esperanza de un provenir mejor o el simple anhelo de doblar la página, permiten que el futuro parezca más atractivo de lo que en realidad es y exista proclividad a olvidar las penas del presente. En la última centuria esta paradoja no se había vivido con tanta intensidad como ahora dado que durante el presente año hemos sido sorprendidos con una inusual crisis económica y de salud ocasionada por la pandemia, embates de la naturaleza que han traído estragos en la costa caribe y el incierto panorama político que hunde en zozobra el provenir inmediato.
 Con todo, es preocupante el deterioro de la salud de la economía nacional. Aunque algunos columnistas celebran por adelantado los indicios de una aparente recuperación, debo apartarme de estas voces pues, dado el grado de incertidumbre, no es posible cantar victoria cuando aún nos encontramos a mitad de la carrera. Para soportarlo, las cifras no mienten.
 Entre todos los retos del actual gobierno, el desempleo aún es el mayor desafío que se debe enfrentar en el plano macroeconómico. Según el último boletín técnico del DANE éste se ubica en 14,7% a nivel nacional. Los ciclos económicos de este indicador se deben comprar en series anuales, es decir, con respecto al mismo periodo del año anterior. No es prudente realizar dicha asimilación con los meses de confinamiento estricto (abril, mayo, junio y julio) pues el congelador económico estaba puesto al máximo. Claramente cualquier cotejo con estos periodos arrojará cifras positivas y son peligrosos cantos de sirena para un porvenir gris. Es innegable que la reapertura ha recuperado puestos de trabajo en comparación con el cierre total que vivimos durante los meses precedentes; sin embargo, debemos confrontar esta cifra con los datos prepandémicos del año anterior, evento en el cual claramente no quedamos bien librados.
 En efecto, el indicador actual de desempleo del 14,7% aumentó un 4,9% en relación con el mismo periodo del año 2019, un 5,6% adicional si se compara con 2018 y un 6,1% si este cotejo se realiza con el año 2017. Esto comporta una pérdida real de cerca de 2,5 millones de empleos perdidos durante el actual gobierno y que ya no podrá generar a escasos 2 años de mandato. Evidentemente el indicador de desempleo ya venía deteriorándose y, ahora, con ocasión de la crisis sanitaria, tocamos fondo.
 Al desagregar las cifras se obtienen datos que deben poner a pesar al ejecutivo central. La tasa de desempleo en ciudades y áreas no metropolitanas es del 16,8%, lo que significa un aumento del 6,4% respecto a 2019, 6,6% respecto a 2018 y 7,3% respecto a 2017. En estas ciudades la informalidad sigue siendo un problema dado que representa cerca del 50% de la fuerza laboral, con lo cual se apoya el subempleo estacionario.
 La situación de Manizales no es la mejor. Según el último boletín disponible para la ciudad, el desempleo en la capital de Caldas se ubica muy por encima de la media nacional al registrar un 22,3% de desocupación, lo que significa un aumento del 11% frente a 2019, 12,1% frente a 2018 y 11,7% frente a 2017. Los sectores más golpeados en la región han sido hotelería, turismo, restaurantes, entretenimiento, recreación con crecimientos negativos mayores al 30%.    
 El porvenir no es halagüeño y las luchas no son pocas. Aquellas voces que hoy presumen de una rápida recuperación y vaticinan un extraordinario crecimiento del 4% para 2021 con una inexistente bola de cristal, deberán replantear sus supuestos, pues la economía nacional no tiene la capacidad para generar 2,5 millones de puestos de trabajo en este periodo, ni mucho menos para conservar una senda de crecimiento positivo con un sector empresarial en crisis, que ha acumulado un año de pérdidas y un consumo debilitado por un cuatrimestre de gélida actividad comercial.
 Es una responsabilidad de todos los mandatarios adoptar con urgencia políticas expansivas en momentos que se debaten los presupuestos del próximo año. La prioridad de los gobiernos, incluidos los locales, deberá ser la protección del empleo y la inyección de los estímulos necesarios para que la máquina económica vuelva a funcionar.