La velocidad con que se difunden las noticias en la era de la información no da tiempo para el análisis o la profundidad. Los medios se ven impulsados a emitirlas con tanta premura, que se dificulta la comprobación de sus fuentes, la verificación de la historia y la hondura en los argumentos. En estos avatares, sorprendió la “chiva” divulgada en la página web del periódico “Portafolio” que anunciaba la inminencia en la reforma del régimen pensional colombiano. Con cambios sustanciales en la tasa de cotización y la eliminación del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), esta iniciativa sería presentada ante el Congreso de la República para su aprobación antes de 2020. Según el rotativo, con ello se pretende una mayor cobertura en los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), aunque estos no fueran pensiones propiamente dichas. En otras palabras, para el ejecutivo, es más fácil distribuir pobreza que crear riqueza, o lo que es lo mismo, otorgar a sus ciudadanos un ingreso pírrico que no alcanza para nada, en lugar de una mesada que garantice el mínimo vital. 
En esta instancia es natural que se agiten los ánimos. El sistema pensional representa el ahorro verdadero de todos los colombianos para su senectud y significa, por mucho, uno de los patrimonios más importantes que debe proteger el Estado. Aumentar la tasa de cotización significa un impacto sensible a la capacidad económica de los empleados, empresarios e independientes, que se traduce en un aumento real de la carga impositiva que en sí misma, ya es pesada y desdice de la publicidad anunciada por durante la presente campaña electoral por el partido de gobernante que promete mejores ingresos y menos impuestos. Sin embargo, cuestionar la pervivencia del RPM administrado por Colpensiones, es una herejía en un Estado Social de Derecho. 
En una rápida respuesta, el Gobierno se apresuró a sostener que aún no existía un texto conciliado para presentar ante el legislativo y que mucho menos se ha contemplado la posibilidad de acabar con Colpensiones. Tal aseveración, lejos de desvirtuar lo anunciado por “Portafolio”, parece confirmar su tesis, pues lo anunciado por la publicación advertía sobre la eliminación del “régimen de ahorro” administrado por la entidad, no la amputación de la entidad misma. Este giro de palabras, hábilmente manejando por el ejecutivo, parece confirmar la intención de suprimir el único régimen que garantiza a los trabajadores alcanzar una mesada digna cuando las fuerzas le han abandonado y su único pecunio yace en el ahorro lentamente acariciado durante toda su vida. En otras palabras, los fondos privados de pensiones son los que te privan del derecho a la pensión. 
Los análisis de Asofondos (entidad que reúne a los fondos privados de pensiones y cesantías), presentan en el RPM un modelo anacrónico que comporta una pesada carga para el Estado del cual urge liberarse. Este fue el mismo planteamiento expuesto con la discusión de la Ley 100 durante la creación del Régimen de Ahorro Individual (RAIS) que está próximo a cumplir 30 años, que desfinanció al otrora Seguro Social, cercenó la aspiración pensional de millones de compatriotas y que desde entonces se caracteriza por subvencionar obras de infraestructura, no retornar los beneficios de sus inversiones a sus afiliados y lesionar su derecho al mínimo vital cuando estos no alcanzan a financiar el 110% de su pensión, momento en el cual solo reciben una miserable suma que sería la constante para todos si se aprueba este adefesio. Es natural que los analistas de Asofondos presenten estos resultados. Sus cheques son firmados por los mayores beneficiados de esta propuesta recesiva. 
El Estado colombiano posee elevados gastos que pueden ser mejor administrados antes de afectar la jubilación de los 7 millones de afiliados a Colpensiones. No es admisible que se pretenda tapar el hueco fiscal lacerando nuestro derecho a la pervivencia mientras el gobierno continúa gastando 160 billones al año en funcionamiento de entidades paquidérmicas, nombramientos innecesarios, viáticos ostentosos, esquemas de seguridad para servidores públicos que no lo requieren u obras inconclusas. 
Hay que decirlo sin vacilaciones. Suprimir el régimen de prima media es un golpe mortal contra el derecho a la subsistencia de la clase trabajadora durante su etapa de vejez, que afecta su mínimo vital y la seguridad de su familia. Es la medida más recesiva que podría anunciar el actual gobierno y el mayor ejemplo de desconexión política entre el presidente Iván Duque y sus electores.