Carecen de sentido las decisiones humanas cuando se abrazan con fines políticos. En ciertas oportunidades se adopta un sigilo extraordinario frente a situaciones comunes. Se acogen ideas insólitas, se crean protocolos excepcionales y se pregona un elaborado discurso para probar que aquel evento, pese a ser habitual, requiere un manejo único. En contraposición, las circunstancias que sí ameritan una preparación inusual, pasan desapercibidas y solo son advertidas cuando el daño se ha consumado.
En virtud de un auto sorprendente de la Corte Suprema de Justicia, Jesús Santrich rompió sus cadenas el pasado 30 de mayo. Este fallo, pese a dictarse dentro de un expediente de impugnación de competencia formulada por la defensa del ahora congresista, sorprendió tanto por la tesis que expuso, como por las consecuencias que este mismo comporta. En efecto, en la providencia impartida, el máximo tribunal abrogó la competencia que había asumido la juez de Control de Garantías para declarar legal esta captura y en su lugar dispuso que Santrich, pese a no haberse posesionado como lo ordena la Constitución, gozaba del fuero parlamentario. De igual forma determinó que la investigación debería “remitirse” a la Sala Penal de Instrucción de esta corporación “para que adelante el trámite correspondiente” y, acto seguido, ordenó, sin más, su libertad inmediata. 
Dada la gravedad de las acusaciones que sobre este pesan y el cargo que ahora ostenta, es menester garantizar su debido proceso para precaver nulidades futuras. Es loable tal aspiración y en ello la Corte ha obrado con cautela. Aunque esta precaución se traduce en mayores garantías para el encausado, no debe significar un pretexto para burlar la legalidad, al Gobierno como portavoz de los máximos intereses de la nación y a las víctimas, que tienen el derecho de conocer la verdad en el marco del proceso de paz del cual Santrich fue, precisamente, uno de sus principales negociadores. 
El destino de esta parodia resulta semejante a la de Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez, conocido como “El Paisa”, de quienes se desconoce su ubicación después de marcharse de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Con su partida de Tierra Grata (Cesar), se lanzan los dados en un peligroso azar donde todos pierden en beneficio de una sola persona. 
En primer lugar, pierde la Corte Suprema, toda vez que, después de levantar la medida de aseguramiento que sobre él pesaba, le concedió un generoso plazo de 40 días para comparecer a la primera diligencia de la investigación que se adelanta en su contra por narcotráfico. Esta prodigalidad, puede ser interpretada por muchos como indulgente, en razón a la excepcional benevolencia con una persona solicitada en extradición por tráfico de drogas y a la contundencia de los videos que deben reposar como elementos materiales probatorios en la noticia criminal, en los cuales claramente se le ve negociando un importante envío de cocaína a los Estados Unidos. 
La ONU, a través de su misión de verificación en Colombia, no goza de mejor condición. Esta entidad asumió la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los compromisos relativos a la reincorporación de los miembros de las Farc a la vida civil, motivo por el cual la huida de Santrich de su ETCR, genera incertidumbre sobre los mecanismos de control y verificación que está implementando. Por su parte, el Partido de las Farc, como movimiento con representación bicameral y que ha simbolizado la expresión máxima de solidaridad con Santrich, verá afectada la incipiente credibilidad que ha generado en su opaco paso por esta legislatura.
De igual forma, el Gobierno, a través de la Unidad Nacional de Protección, está llamado a responder por este episodio, pues, a pesar de la férrea oposición que ha expresado el presidente Duque a la liberación de Santrich, permitió que este abandonara su esquema de seguridad con un rumbo desconocido, cohonestando con ello que un representante a la Cámara, investigado por narcotráfico y solicitado en extradición, pueda evadirse sin dificultad. 
Finalmente, las víctimas verán en su anhelo de justicia una mofa paliada por súplicas desoídas. Han recorrido un tortuoso camino para obtener su derecho a la verdad, reparación y garantías de no repetición, y un sector de ellas ha clamado para que no se apliquen los tratados internacionales de cooperación contra el delito, hasta que los responsables de crímenes relaten la verdad sobre lo sucedido en el marco del conflicto. 
Si Santrich no aparece, podrá cantar al país desde la clandestinidad, junto a Iván Márquez y El Paisa, cuando se les pregunte si asistirá a la diligencia programada el 9 de julio en la Corte Suprema: “quizás, quizás, quizás”.