Fue más la bulla que generó, que los resultados que el estudio arrojó.
Durante tres meses un grupo de 11 expertos tuvo la misión encomendada por la ministra de Minas, de mirar todos componentes y aristas de la técnica del fracturamiento hidráulico, fracking, para determinar si en el país se pueden acometer proyectos de exploración de hidrocarburos en un plan piloto que se realizaría eventualmente en la zona del Magdalena medio.
La conclusión de dicho estudio es que sí se pueden realizar dichos proyectos, siempre y cuando se cumplan con ciertos pasos previos. Veamos.
Que se informe debidamente a las comunidades acerca de lo que se va a hacer, que conozcan y se les eduque en relación a la técnica que se va a utilizar, etcétera. Parece una verdad de Perogrullo. La gran desconfianza que se ha generado con las comunidades se debe precisamente a eso, a la falta de información sobre lo que se quiere hacer en los lugares que habitan.
Sobre los eventuales daños que se pueden causar a los reservorios de agua, señala uno de los expertos que estos podrían ser mitigados, “como resultado de que se consolide la gestión de herramientas de alta tecnología que permitan generar no solo sostenibilidad, sino buenos tratamientos del agua y de la tierra”.
¿Cuáles serán esas herramientas? ¿Tenemos el conocimiento hidrogeológico suficiente de la zona para iniciar un plan piloto?
Frente a los temores de posibles afectaciones a la salud, es necesario recordar que ya el Congreso legisló en esa materia, obligando a que se tenga una distancia mínima de los centros poblados y la zona de exploración. El estudio indica que las comunidades deben conocer acerca de los químicos que se vayan a utilizar y sus posibles efectos en la salud.
Donde parece estar la almendra de la controversia es en los beneficios que puedan obtener los pobladores con estos proyectos extractivos. Para nadie es un secreto la gran inconformidad que se ha generado entre las zonas productoras, con los cambios en la ley de regalías. No en vano se está gestando un proyecto de ley que busca entregarles un mayor porcentaje de estas. Se habla de un 30%. Tampoco es secreto que, en muchas de las ocasiones, la presión para que se detengan actividades de exploración, provienen de las mismas autoridades municipales. De modo que sobre este punto tampoco se está descubriendo algo nuevo en el estudio de los expertos.
En relación al posible aumento de la sismicidad en las zonas donde se realice el piloto, no deja de sorprenderme la respuesta de uno de los expertos: “Hay regiones donde tiembla más que otras. Un ejemplo de esto es el Magdalena medio, que hoy tiene potencial para el fracking y en la que, sin duda, no habrá sismicidad inducida por este tipo de procesos. Esto, debido a que, de manera natural, estos territorios son propensos a que se presenten temblores”.
Quizás lo único novedoso que trae ese estudio es la creación de la Superintendencia de asuntos ambientales y mineroenergéticos. Sería una entidad encargada de recibir las quejas y reclamos de la ciudadanía, así como de imponer sanciones.
La anterior figura tiene el pequeñísimo inconveniente que se requiere de una ley para su creación, en un trámite que puede demorar varios meses, lo cual riñe con la aspiración de Ecopetrol de hacer el plan piloto en el segundo trimestre del presente año. Como quien dice ya. A menos que en el Plan de Desarrollo, incluyan un articulito en el cual se faculte al Gobierno para proceder a su creación express. A propósito, ¿no tendrá el Congreso nada que decir al respecto? 
Está bien que las comisiones de expertos arrojen luces académicas y técnicas, que en este caso fueron bien pocas, pero es al Ejecutivo a quien le queda la tarea de implementarlas o no, y al Congreso de analizarlas para velar que se cumpla con los propósitos del Estado.
En las comisiones quintas de Senado y Cámara hay parlamentarios serios y juiciosos que seguramente en ejercicio del control político harán valer su condición de verdaderos representantes de la ciudadanía. Seguro que sí.