El informe de competitividad nacional que publicó esta semana el Comité Privado de Competitividad (CPC) pone de relieve 8 recomendaciones prioritarias para el desarrollo del país, colocando en la agenda nacional temas que recurrentemente se han punteado como urgentes, sin que en todos los casos se haya asumido su tratamiento a fondo.
La primera recomendación tiene que ver con la flexibilización del mercado laboral. Que ha sido un tema periódico en el país, y que en distintos foros económicos se ha señalado la necesidad del país de darle a la contratación laboral plasticidad con el fin de aumentar la formalidad en el país. La preocupación de fondo que existe es que los índices de informalidad en nuestra economía son muy altos. Aquí es necesario buscar los mecanismos para ganar en formalidad, pero sin deteriorar las condiciones laborales, que han sido una reivindicación de muchos años. El ajuste de competitividad no puede recaer en el eslabón más frágil.
En segundo lugar, plantea el CPC la Implementación de mecanismos de evaluación docente que promuevan el mejoramiento continuo de su desempeño en aula. Esta ha sido una propuesta que por muchos años ha generado tensión con Fecode y los maestros. Más que centrar la propuesta en la evaluación, creemos que a los maestros hay que acompañarlos y formarlos. En el pasado gobierno se dedicaron importantes recursos para la cualificación de los maestros, pero falta mucho. Y esta debe ser la estrategia, más que evaluar por evaluar, ella debe ser un elemento más y no solo el foco. Creemos que la educación debe ser el centro de la política de competitividad del país, así lo hicieron países que hoy soy muy exitosos.
La tercera recomendación es avanzar en el diseño e implementación de una reforma pensional estructural. Y esto es un tema central del país de responsabilidad con las personas mayores. Es un escándalo social que solamente cerca del 20% de la población mayor cuente con su pensión. Es necesario universalizarla y para ello será imperioso distribuir los subsidios que da el Estado para que se focalicen en los más pobres, hacer un mayor esfuerzo por parte de las empresas y de los cotizantes. Aquí sí el “todos ponen” debe ser el criterio.
En cuarto lugar, avanzar en el diseño e implementación de un programa integral de vías terciarias. Se busca comunicar al país, integrar zonas a los mercados para hacerlas más competitivas. Si bien el país ha evolucionado en sus principales troncales, que era totalmente urgente, ahora hay que hacer la otra tarea, acercar los territorios a esas troncales, y ello exige una importante inversión en vías terciarias.
En quinto lugar, proponen modernizar la política pública de protección de la libre competencia. Luego de la experiencia en los últimos años de sanciones recurrentes a muchos grupos de empresas por la violación de libre competencia, por la llamada cartelización, que finalmente impone precios altos para los consumidores, hay que mirar con lupa la propuesta. Porque en el país, hay no pocos sectores económicos que defienden en teoría la libre competencia, pero que en la práctica obtienen excedentes infames gracias a prácticas restrictivas de la misma.
La sexta, busca establecer una autoridad de coordinación y supervisión regulatoria e implementar el análisis de impacto normativo. Si bien, desde los últimos gobiernos se ha hecho un esfuerzo por simplificar trámites, ahorrar papeleos y vueltas, todavía nuestro país está lleno de trámites que en muchos casos están basados en la desconfianza, en presumir la mala fe, y que no generan valor, pero que sí espantan a las inversionistas y emprendedores, y que peor aún, inducen a la corrupción. Esta tarea de depuración de trámites hay que profundizarla. 
La séptima, Implementar el plan de modernización tecnológica y del recurso humano de la DIAN. Es fundamental, el país requiere que todos los actores económicos paguen los impuestos, y todavía tenemos inmensos rangos de evasión tributaria. El Estado necesita recursos y nuevamente, “todos” debemos poner. Y hay algunos que han pasado históricamente de agache por la incapacidad de las autoridades de hacer seguimiento a los patrimonios y rentas.
Finalmente, plantea reformar la institucionalidad ambiental para fomentar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y conservar el capital natural. El mundo ha ido ganando conciencia de la necesidad de cuidar el medio ambiente, y hay en muchos casos una tensión entre desarrollo y el cuidado de lo que el Papa ha llamado la casa común. Por ello, esta reforma no puede ser para dar marcha atrás en la protección y preservación. Al respecto hay grandes debates, que no se pueden dejar de lado, por ejemplo, el del fracking. Aquí el principio de precaución debe imperar.  
Ocho recomendaciones, que hay que filtrar, no todo es válido para ganar en competitividad. Hay también otros criterios para evaluar estas propuestas. Pero es una agenda que el país debe debatir ampliamente.