Dicen las sagradas escrituras: “Porque al que tiene, le será dado; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado” (Marcos 4:25). Por supuesto, la parábola de los talentos no es una guía de política fiscal. Sin embargo, parece que el gobierno la interpreta así. Un informe de la periodista Paola Herrera para W Radio sobre la distribución de los recursos del Programa de Apoyo al Empleo Formal, creado en el contexto de la pandemia, muestra que el gobierno giró, en siete meses, casi cinco billones de pesos: “$2,3 billones para el 80% de las empresas grandes y muy grandes y $2,6 billones para el 9% de las mipymes.” Entre las compañías beneficiarias hay tres de Luis Carlos Sarmiento, algunas de Jaime Gilinski, Alejandro Santo Domingo y Carlos Ardila Lulle quien, señala el informe citando a la revista Forbes, tiene una fortuna de 1.800 millones de dólares.
Al gobierno no le parecen suficientes las múltiples exenciones, descuentos y deducciones tributarias que esos multimillonarios han recibido desde hace tiempo y que en 2018 decidió aumentar. Según cifras de la llamada “comisión de expertos en beneficios tributarios” el costo fiscal asociado a los descuentos en el impuesto de renta para personas jurídicas, pasó de poco más de un billón de pesos en 2018 a 4,53 billones de pesos en 2019. Además, en 2019, las rentas exentas de personas jurídicas en el impuesto de renta aumentaron 5,9% con respecto a 2018. Los dos sectores con mayor participación en el total de rentas exentas en 2019 fueron las actividades financieras y de seguros (39,8%) y la construcción (12,5%), sectores a los que pertenecen varias de las grandes compañías beneficiarias de los subsidios del programa de apoyo al empleo. También empresas hoteleras, agroindustriales y vinculadas a megaproyectos han sido tratadas con generosidad.
La participación del 1% más rico de la población en el ingreso total llega al 20,5%, una cifra similar a la de Emiratos Árabes Unidos (22,8%). En cambio, el 40% más pobre de la población recibe apenas el 12,1% del ingreso total. De acuerdo con la comisión tributaria de 2015, los impuestos que paga ese 1% corresponden apenas al 11% de sus ingresos ya que la mayor parte de ellos provienen de dividendos personales, los cuales, están exentos. El 0,1% más rico de la población tributa aún menos (4% de sus ingresos) porque la participación de los dividendos en sus ingresos totales es mayor.
La nueva metodología del Dane para el cálculo de las líneas de pobreza nos dice que en 2019 había casi 17,5 millones de pobres, 35,7% de la población. Algunos expertos estiman que, por cuenta de la pandemia y las medidas de confinamiento, esta cifra podría llegar ahora a 24 millones. El valor de la nueva línea de pobreza en 2019 fue $327.674 por persona y para un hogar de cuatro personas: $1’310.396. En vista de que la incidencia de la informalidad laboral entre la población pobre por ingresos llegó a 82,7% en 2019, es de suponer que los ingresos de los pobres están ahora mucho más lejos del valor de la línea de pobreza: los pobres casi no han podido trabajar en los últimos 11 meses. Así las cosas, para buena parte de esos tres millones de hogares que reciben los $320.000 de “ingreso solidario” (al inicio eran $160.000), ese no es un complemento sino casi todo su ingreso. La línea de pobreza extrema (lo que se requiere para una canasta básica de alimentos) para un hogar de cuatro personas es $549.400. Las sagradas escrituras también dicen: “¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y necesitados!” (Proverbios 31:9).