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Hay un gran desgaste en Colombia por un caso que debe resolverse lo más pronto posible: el juicio al exjefe guerrillero y hoy representante a la Cámara Jesús Santrich. Era previsible que, como resultado del acuerdo de paz con las Farc, el hoy acusado de narcotráfico ocupara una curul en el Congreso de la República. Los pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia con respecto a su condición, frente a las acusaciones que se le hacen, están enmarcados en el debido proceso y desde ningún sector se deberían descalificarse las determinaciones de la justicia, las cuales están basadas en la Constitución y las leyes. 
Es una lástima que a la Justicia Especial para la Paz (JEP) se le hayan escondido las pruebas que hoy se tienen en contra de Santrich, que demostrarían que delinquió después de firmado el acuerdo de paz. Si esa instancia judicial hubiera tenido en sus manos toda la información que solicitó y no se le entregó, la decisión hubiese sido, seguramente, muy distinta a quedar libre, y la posibilidad de posesionarse como congresista se habría esfumado. Hoy, pese al reproche de sus compañeros, hace parte de la Comisión Séptima y debe tener el mismo trato que se le da a cualquier congresista.
Como sea, lo que se necesita ahora es que la Corte Suprema actúe con rapidez y lo capture, si los argumentos para juzgarlo son suficientes. El exjefe subversivo debe ir a juicio, con base en los elementos de ley necesarios y en cumplimiento del debido proceso que exige un Estado de Derecho. Si es hallado culpable debe recibir la condena que merezca, e incluso ser extraditado a los Estados Unidos, como lo pide el Gobierno de ese país. Obviamente, sin que ello implique que sus víctimas del conflicto armado queden sin posibilidades de acceder a la verdad y la reparación que están esperando.
Al decir que está comprometido con el acuerdo de paz y que está dispuesto a cumplir, esperamos que efectivamente, y no quizás, les cumpla a las víctimas. No pueden ser solo palabras para tratar de amortiguar el golpe del desprecio que hoy sufre en el Capitolio, y que más bien esté dispuesto a colaborar, incluso para que otros exjefes de la guerrilla como Iván Márquez, el Paisa y Romaña dejen de torpedear la paz con sus conductas evasivas de la justicia y sus disculpas que dan a entender que ya están arrepentidos de haberse desmovilizado.
Lo más sensato para Colombia en este caso es que desde el propio Gobierno Nacional se cambie la agenda de preocupaciones, se deje de dar tanta importancia a este caso y nos enfoquemos a pensar en los temas fundamentales para el futuro. La justicia ya tiene todos los elementos para actuar y tomar las decisiones que en derecho debe asumir. Los demás poderes públicos deberían dedicar sus esfuerzos a resolver los verdaderos y más profundos problemas que tiene el país.

Y, desde el punto de vista de la paz, lo que deberíamos hacer todos es exigir tanto a las Farc como al Gobierno Nacional que cumplan lo pactado en el acuerdo, sin profundizar más las polarizaciones que tanto daño hacen al generar incertidumbres y tensiones inconvenientes desde todo punto de vista. Se requiere un liderazgo fuerte desde el Ejecutivo para recuperar el optimismo y trabajar para que entre todos construyamos un país que avance en un ambiente de progreso y concordia.