De las palabras a los hechos

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez (de quien hoy se publica entrevista en este diario), encabezó el pasado miércoles en Manizales una audiencia anticorrupción, en la que 20 voceros pudieron presentar quejas sobre diversos temas, entre los que resaltó la desatención a las víctimas del conflicto armado en Caldas. El propósito del encuentro fue que el llamado Ministerio Público tome cartas en el asunto y castigue a los presuntos responsables de las irregularidades planteadas. Así que el alto funcionario se fue con muchas tareas que ojalá encuentren un destino que deje satisfechos a los quejosos.
Carrillo se enfocó principalmente en los vericuetos administrativos contenidos en los planes de Ordenamiento Territorial, de los que señaló los riesgos que facilitan la corrupción en las regiones, y que según dijo se convirtieron en la "gallina de los huevos de oro" de políticos sin escrúpulos que sacan provecho de las interpretaciones que se les da a tales planes en todo el país. Como sea, lo que más se le pide a la Procuraduría en tales casos, es que las indagaciones que se acometan lleguen a puerto, y rápido.
A propósito de la efectividad esperada, Carrillo anunció en el evento que en lo referente a Caldas se abrieron procesos en los casos de la urbanización en el sector de La Aurora, sobre las múltiples irregularidades en la Asociación Cable Aéreo de Manizales, al alcalde del municipio de San José (Norbey de Jesús Ospina) por aparente contratación indebida, y que las investigaciones alrededor de Aerocafé tendrán resultados de fondo en próximos días. Habló con nombre propio acerca de quienes serían los responsables y dio fechas exactas de audiencias y otros procedimientos administrativos con miras a que haya resultados claros.
Alrededor de Aerocafé, en el que cursan dos procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en la selección de contratistas, específicamente contra los consorcios Dico IDT y Dico, la verdad es que ha pasado demasiado tiempo a la espera de decisiones. Hay quienes piensan, inclusive, que por los años transcurridos tales procesos no podrían desembocar en fallos de fondo, como lo prometió el funcionario. Sin embargo, para bien de un proyecto que recuperó la esperanza de su construcción y del que anhelamos se pueda concretar sin más problemas, esperamos determinaciones contundentes.
Sería muy frustrante que ante la promesa de resultados haya nuevas demoras en las decisiones o que definitivamente no lleguen las respuestas esperadas. No basta con anunciar apertura de investigaciones, lo que puede lograr algunos efectos mediáticos; lo que se requiere es que tales procesos tengan un final, con castigo o absolución, pero en forma ágil y con las herramientas necesarias para sustentar los veredictos. También es cierto que se necesita más prevención ante el flagelo de la corrupción, para no tener que llorar sobre la leche derramada, como reza el adagio.

Para este año electoral, cuando en las distintas regiones se tendrá tanta dinámica en las campañas políticas, es fundamental la acción ciudadana de denuncia de posibles irregularidades y abusos que apunten hacia el clientelismo y el mal uso del erario. El papel del Ministerio Público en este sentido es clave, acogiendo y resolviendo con eficiencia las quejas, y siendo prenda de garantía en la vigilancia de la contratación para asegurar transparencia. Si bien Carrillo afirma que son más efectivas las sanciones sociales que las legales, es claro que las primeras tienen más fuerza cuando las segundas ocurren y no se desploman ante acciones de los sancionados. Lo más importante en estos asuntos es ganar cada vez mayor credibilidad, y eso se logra es con fallos serios y sólidos, que no den lugar a nuevas dudas.